Tras la polémica por la prórroga en la presentación de declaraciones juradas de altos funcionarios, la Oficina Anticorrupción lanzó un plan para "fortalecer los controles" sobre las presentaciones patrimoniales.
Con el objetivo de optimizar los controles sobre la evolución patrimonial y las actividades de los funcionarios públicos, la Oficina Anticorrupción (OA) puso en marcha el Plan de Fortalecimiento del Régimen de Declaraciones Juradas. La iniciativa se presenta justo cuando la oposición criticó la postergación de la fecha límite para que la presidenta Cristina Kirchner entregue su declaración patrimonial.
El Plan incluye la revisión de la normativa y los procedimientos que existen actualmente para hacerlos más severos, capacitación de las áreas responsables de su gestión en toda la Administración Pública, el diseño y aplicación de nuevos mecanismos de control sobre cumplimiento y la presentación de la OA como querellante en las causas por incumplimiento.
Uno de los primeros pasos que dio la OA al respecto fue, en el marco del Plan, reunirse con responsables de Recursos Humanos de diversas áreas de la Administración Pública Nacional.
“El sistema funciona bien, pero siempre es bueno hacer actualizaciones que ajusten y mejoren aún más el cumplimiento de la ley. Con esta reunión invitamos a los responsables de recursos humanos a trabajar en equipo con nosotros”, precisó el titular de la OA, Julio Vitobello.
“Queremos que se cumplan los plazos vinculados a las Declaraciones Juradas que deben presentar los agentes públicos. Estamos trabajando para que las presentaciones sean más sencillas y eficaces y que los que no cumplen reciban las sanciones que corresponden”, agregó.
Sobre la base del Registro de Incumplidores que ya posee la OA, se proyectó un mecanismo que permite emitir la Certificación de Cumplimiento (previa y obligatoria para todas las personas que pretendan ingresar a la Administración Pública) con el fin de hacer efectiva la sanción prevista por el artículo 9 de la Ley 25.188 de Ética de la Función Pública que establece que los funcionarios que no presenten la Declaración Jurada Patrimonial de Baja no podrán ejercer nuevamente la función pública.
Asimismo, desde la OA consignaron que la Declaración Jurada Patrimonial "es uno de los principales insumos" con los que se cuenta para "el control y seguimiento" de la situación patrimonial de un funcionario en la detección de un posible enriquecimiento ilícito y consecuentemente la base fáctica de investigación.
“Es por ello que la falta de presentación excede los ribetes de un mero incumplimiento formal, para constituirse en la obstaculización de una posible persecución penal”, cerró Vitobello.