En otra jornada de sesiones extraordinarias, la Cámara baja le dio media sanción a la ley de regulación del mercado de papel, la cuestionada "Ley antiterrorista" y también la normativa contra el lavado de activos que el GAFI le exigió al gobierno nacional. El viernes continúa la maratón parlamentaria con la Ley penal tributaria y el régimen de peones rurales.
En lo que fue la segunda jornada de sesiones extraordinarias en el recinto los Diputados nacionales dieron media sanción a la ley que declara de interés público el papel de diario. Al mismo tiempo se aprobaron los dos proyectos que “solicitó” el GAFI para la lucha contra el lavado de activos, uno de ellos discutido por más 80 ong’s.
Durante el segundo día de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, a pedido del Poder Ejecutivo, los legisladores nacionales se abocaron principalmente a tres proyectos de ley: el que declara de interés público el papel de diario y los dos proyectos que solicitaron los organismos internacionales con respecto al lavado de activos y el endurecimiento del Código Penal.
El proyecto plantea declarar “de interés público” y "asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario" en todo el territorio nacional, y se establece un seguimiento parlamentario a través de la creación de una comisión bicameral.
Se dispone, además, que el Ministerio de Economía sea la autoridad de Aplicación de la norma, y que tendrá a su cargo controlar el marco regulatorio, y contará con el asesoramiento de una Comisión Federal Asesora, integrada por un representante de los diarios de cada provincia; uno de las entidades de consumidores y 3 de los trabajadores.
Durante el debate se pudo escuchar a Juan Pedro Tunessi (UCR) que denunció que el oficialismo “reconstruye la historia” según su “conveniencia” y explicó que el que el proyecto de la UCR busca “verdaderamente democratizar la comercialización” del papel para diarios ya que a su consideración el Gobierno pretende “estatizar Papel Prensa y no lo dice”.
De la misma manera se expresaron Gabriela Michetti (Pro) dijo que “hoy estamos en un día difícil bancando la exposición de hipocresías y mentiras” frente a “objetivos que parecen loables” o a la muy abucheada durante su asunción, Patricia Bullrich (Unión por Todos) quien sostuvo que “este es un hito más en una cadena de decisiones tendientes a controlar la prensa”.
Otro de los proyectos con media sanción es la denominada “Ley antiterrorista” en la que se modifica el Código Penal endureciendo penas para quienes financien actos de terrorismo. La iniciativa prevé la creación de un agravante específico de las penas en la parte general del Código Penal. Y se crea un nuevo tipo penal de financiamiento del terrorismo, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión para el que recolectare o proveyere fondos para la comisión de los delitos, con la finalidad específica antes referida.
Esta iniciativa hace pocos días recibió la crítica concreta de un centenar de organizaciones no gubernamentales y personalidades políticas debido a que “legitimaría la criminalización de la protesta” ya que “utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social”; tales como: “en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.
En cuanto al proyecto de lavado de activos el proyecto incorpora al Código Penal una serie de delitos financieros que hoy son infracciones administrativas -bajo el control de la Comisión Nacional de Valores-. La normativa pretendida incluiría la tipificación del delito de abuso de información privilegiada, la manipulación de valores negociables, la
captación clandestina y fraudulenta de ahorros públicos y el cohecho financiero.
Además se crea en la se crea en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un Programa Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, cuya misión principal es la elaboración, monitoreo, evaluación y diagnóstico de los planes de implementación de las reformas legales.