Un proyecto del gobierno provincial para quitarle el manejo de las cuentas judiciales inmovilizadas a Caja Previsional generó fuerte polémica. Letrados y procurados ya empezaron a movilizarse por la implementación de la medida.
"Es un proyecto tramitado entre gallos y medianoche para beneficiar al Banco Tucumán y al Gobierno. Se pretende quitar a la Caja de una fuente genuina de ingresos establecida por ley para poder cumplir con nuestras obligaciones de previsión y de seguridad social", aseguró Pedro Yane Mana, presidente de la Caja de Previsión de Abogados y Procuradores.
Las declaraciones del letrado surgieron a raíz del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que se debatirá en la última sesión legislativa del año. En él, el Gobierno provincial prevé que las cuentas judiciales inmovilizadas pasen a estar bajo su control, en lugar del de la Caja de Previsión.
"Esos recursos servirían, por ejemplo, para mejorar jubilaciones y pensiones. Esto completa el avasallamiento del poder político a las entidades de abogados", agregó Yane Mana, quien además convocó a una movilización de letrados y procuradores a la legislatura para manifestarse en contra de la iniciativa del Ejecutivo.
La iniciativa presentada por los legisladores Sisto Terán, Roque Álvarez y Armando Cortalezzi provocó las manifestaciones en contra tanto de la Caja de Previsión como del Colegio de Abogados tucumano.
En esencia, el proyecto solo estipula la derogación de un artículo de la Ley 6.059 que dice que los fondos congelados de cuentas judiciales deben ser administrados por la Justicia a través de la Caja de Previsión para su financiamiento. Esta situación se mantiene bajo este esquema hasta que el Juzgado pertinente destraba las cuentas.
El objetivo del Poder Ejecutivo es poder controlar esos fondos en cuentas oficiales, "manteniendo todas las características que le son propias y a la orden del juzgado correspondiente".
Entre otras cuestiones, los legisladores y funcionarios que elaboraron el proyecto aclararon en el texto que "la determinación del carácter de inmovilizado de un depósito, imposición o apertura de cuenta dispuestos por orden judicial sólo puede resultar de una decisión del titular del Juzgado que hubiera ordenado su realización o apertura".
En este sentido, y a raíz de esta aclaración, desde el Gobierno provincial tratan de salir al cruce de las críticas asegurando que no usarán esos fondos para usufructo propio.
Siguiendo este orden de hechos, Yane Mana aseguró que el año pasado la Caja de Previsión inició un proceso judicial contra el Banco Tucumán ya que hace más de diez años que la entidad financiera no gira los fondos de las cuentas judiciales congeladas como lo dispone la Ley 6.059.