El gobierno santiagueño no apelará a vías judiciales contra empresas citrícolas por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce tras acordar un compromiso a respetar con el plan "Vinaza Cero". La intervención del ministro de Ambiente, Juan José Mussi.
La vinaza está compuesta, entre otras cosas, por nitrógeno, azufre y fósforo. Es un desecho generado por las industrias azucareras y citrícolas que, en numerosas ocasiones, por el costo que provoca tener que procesarla para convertirla en un subproducto y de esa forma evitar el impacto ambiental que genera desecharla. En Argentina, empresarios de Tucumán que reciben agua para sus plantaciones de la Cuenca Salí-Dulce (una de las más importantes del Noroeste argentino) no estimaron necesario el procesamiento y ahora, la contaminación es una realidad.
Esto motivó a que el Gobierno de Santiago Del Estero, provincia que comparte la Cuenca, recurriera a la Justicia, en un caso en el que finalmente intervino la Corte Suprema a través de la Secretaría de Desarrollo Ambiental de la Nación.
Pero luego de meses en los que el conflicto se vio cada vez más avivado por la falta de acciones concretas en miras a frenar los altos niveles de contaminación que había sufrido el Salí-Dulce, el Poder Ejecutivo santiagueño llegó a un acuerdo con empresarios tucumanos que estaban señalados por contribuir a la triste situación que atraviesa la cuenca.
De esta forma, desde Santiago Del Estero dejaron de avanzar en cuestiones legales por el acuerdo firmado en el que los dueños de las compañías se comprometieron a llevar a cabo el plan Vinaza Cero durante el transcurso de 2012.
"Ha sido una reunión muy buena y quedó en claro que hay que respetar lo firmado. Me encontré con industriales que se han dado cuenta de que es la última oportunidad; esto es tolerancia cero, ya no hay más tolerancia", advirtió Juan José Mussi, secretario de Desarrollo y Medio Ambiente de la Nación.
Se refería, precisamente, a la reunión que llevó a cabo con empresarios de Tucumán y el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, donde Mussi fue garante. De esta forma se llegó a una solución en una situación que podría haberse tornado muy difícil.
En este plano, la cartera dirigida por Mussi será la encargada de chequear que las citrícolas y azucareras estén cumpliendo con el acuerdo. Por ese motivo, también quedó sentado que ante el menor signo de incumplimiento de las disposiciones la provincia de Santiago Del Estero procederá inmediatamente con las acciones judiciales en contra de las empresas y el estado tucumano.
De esta forma también se cumplió la voluntad del defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achaval, quien pretendía que la Secretaría de Desarrollo fuera garante de un acuerdo.
El funcionario había solicitado que “esa garantía sea con el poder de policía en caso de incumplimiento, porque más allá de que Tucumán no sancione, la Secretaría” debe tener “la facultad de sancionar”.
“Aquí la sanción es una sola, la clausura de la producción de alcohol hasta tanto no realicen las medidas, no hay otra vuelta de hoja”, aseguró Díaz Achaval.