El fiscal federal tucumano Gustavo Gómez investiga la quema de cañaverales de azúcar. Según aseguró Gómez, en su causa están concentrados tres delitos penales. A su vez, el juez federal subrogante Mario Racedo, también de esa provincia, elevó a juicio oral dos casos por contaminación.
Las denuncias datan de hace más de una década. La discusión en el ámbito judicial, desde hace seis años. Pero, finalmente, el juez subrogante Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, elevó a juicio oral dos expedientes por contaminación del río Salí, iniciados por el Estado provincial.
La culpa recayó sobre empresarios de la citrícola Cota y el frigorífico La Barraca. A su vez, los ejecutivos tienen procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
En tanto, el magistrado entendió que las evidencias presentadas por el fiscal de instrucción, Carlos Brito, prueban que las compañías alteran “nocivamente”, gracias al vertido de efluentes industriales, distintos cursos de agua que desembocan en una de las cuencas de mayor importancia en el territorio del noroeste argentino: la del Salí-Dulce.
A su vez, el juez basó encuadró la causa en el artículo 55 de la Ley 24.051 de desechos peligrosos. La normativa prevé reclusión o prisión de tres a diez años al que “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
Este artículo expresa además que “si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a 25 años de reclusión o prisión”.
Desde la citrícola se defendieron precisando que los desechos que vierten en la cuenca son producto del lavado de cáscara de limón con agua, por lo que no son contaminantes. Pero el juez entendió que si bien la sustancia puede no ser tóxica, cuando es arrojada en grandes cantidades a un arroyo o cualquier tipo de afluente, se convierte en contaminante.
"Como consecuencia de ello, el Tafí presenta parámetros elevados de demanda biológica y química de oxígeno, lo que deriva en el agotamiento considerable de las reservas de oxígeno y, por ende, en la reducción de la vida acuática", consideró el magistrado.
Pero eso no es todo en la provincia de Tucumán, cuya flora y fauna se ve asediada no solo en el agua, sino también, en la tierra.
"Nosotros vimos un recorte periodístico y con ello iniciamos una acción penal de oficio por una quema de cañaveral que había afectado una línea de transporte de Trasnoa y con eso dejó sin luz al norte de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y otras provincias", explicó el fiscal federal general tucumano, Gustavo Gómez.
Es que el fiscal investiga la quema de cañaverales de azúcar, en la que, según precisó, se concentran tres delitos penales: contaminación, estrago e interrupción de un servicio público esencial.
Gómez aseveró que "no se realiza solo un delito federal de contaminación ambiental con la quema, sino que además tenemos dos delitos más: uno que es la violación del artículo 154 del Código Penal, por interrumpir un servicio eléctrico por el daño que provoca a la comunidad, y también el previsto como "estrago" por un incendio".
En tanto, si bien se investiga a los autores materiales, el fiscal estimó que existe responsabilidad de parte de "todos los funcionarios administrativos que tienen que hacer el control, inclusive la misma policía saben donde se produce la quema de caña".
A su vez es importante remarcar que esta práctica es común en Tucumán, pero los problemas que ocasionó instaron al fiscal a investigar las causas de interrupción del servicio público.
dju