La Asesoría General Tutelar porteña denunció la privatización de la salud mental en la CABA. Fue tras la aprobación de pliegos por parte del Ministerio de Salud de la Ciudad para la licitación del servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos.
La Asesoría General Tutelar de la ciudad denunció lo que considera la privatización de la salud mental. Es por la aprobación de un pliego por parte del ministerio de salud y que se encontraría en franca violación de las leyes locales y nacionales.
Según sostienen desde el organismo, se estaría violando la Ley local N° 448 y la Ley Nacional Nº 26.657, así como la Constitución de la Ciudad. Es porque el gobierno de la Ciudad dio el primer paso para la privatización del “Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiatricos”.
Es que el pasado 3 de enero el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, firmó la resolución Nº 52/MSGC/12, en la que se aprueban los pliegos de bases y condiciones para la licitación del servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, “con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y reinserción social, derivados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la CABA”.
La resolución autoriza a la Dirección General Administrativa Contable a realizar el llamado a licitación pública por un monto de casi 13 millones de pesos para ese servicio, lo que según la Asesoría “no tiene otro fundamento normativo más que aquel que regula las contrataciones y licitaciones”, asimismo, “tampoco se justifican las razones de orden fáctico que dan lugar a la contratación del servicio que se licita”.
Además la Constitución local y las leyes de salud mental, tanto nacional como porteñas, prevén “la desinsintitucionalización progresiva de las personas internadas por razones de salud mental y la ley nacional prohíbe la creación de nuevos manicomios a la vez que obliga a adaptar los ya existentes hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”. Y tanto el modelo propuesto por la Ley 448 y reforzado por la Ley 26.657, estipulan que “la internación es un recurso de carácter restrictivo y debe ser lo más breve posible”.
Por ello, argumentan desde el organismo que el gobierno porteño “tiene vedado crear o contratar nuevos servicios de internación máxime cuando el servicio que se contrata es para una internación prolongada”, y está “obligado a adecuar los hospitales monovalentes a las modalidades de abordaje previsto en las leyes citadas y a crear dispositivos alternativos que propicien las externaciones”.
“La creación de dispositivos alternativos es además un mandato que la Justicia le ha impuesto al GCBA en la sentencia de habeas corpus iniciada por el Ministerio Publico Tutelar y que el Poder Ejecutivo Local se resiste a darle cumplimiento”, consignan y culminan sosteniendo que “privatizar la salud mental es ilegal” y “configura una nueva vulneración de los derechos de las personas afectadas en su salud mental” constituyendo “un grave retroceso en materia de salud pública”.