La Defensoría General de la Nación actuó en la causa “Sebastián Claus Furlan y familiares vs. Argentina”, participando por primera vez en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hicieron junto a funcionarios de Uruguay.
Durante el lunes y martes pasados se llevó a cabo el período 94 de sesiones ordinarias de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de San José de Costa Rica. Fue en ese encuentro donde se realizó, asimismo, la audiencia pública por el caso “Sebastián Claus Furlan y familiares vs. Argentina”, en el que la Defensoría General de la Nación actuará por primera vez frente a uno de los órganos de Justicia continentales.
Así es como la defensora pública oficial, María Fernández López Puelo comenzó con su labor junto al defensor de Uruguay, Andrés Mariño. Los funcionarios realizaron su labor en pos de defender a las presuntas víctimas de la causa.
Según precisaron los damnificados, la causa fue iniciada a raíz de las lesiones que sufrió Furlan cuando jugaba en un campo de entrenamiento militar abandonado en la localidad bonaerense de Ciudadela, hace ya más de 24 años.
El golpe de un caño en su cabeza le provocó “daños cerebrales graves que derivaron en discapacidad”. Así es que su padre inició un proceso contra el Ministerio de Defensa que demoró diez años, a los que se agregaron dos más en la etapa de ejecución. En definitiva, la familia solo recibió bonos a modo de compensación económica cuando el pago había sido ordenado en pesos, a la vez que el monto total iba a ser completamente abonado en 2016.
Por estos motivos los familiares se presentaron ante la CIDH, donde el caso fue aceptado en 2001. Pero la causa llegó hasta el tribunal recién en 2011 porque, según consideraron, el Estado argentino no cumplió con “las recomendaciones contenidas en el informe de fondo”.
“Al momento de elevar la causa ante la Corte Interamericana, la CIDH estimó que la discapacidad que sufrió Sebastián a causa del accidente se agravó por la demora en recibir una indemnización. Dada la precaria situación económica de la familia de la víctima, esa compensación resultaba fundamental para proporcionar un adecuado y oportuno tratamiento de rehabilitación y asistencia integral.”
Desde la Defensoría consideraron que el caso, además de involucrar por primera vez a los defensores de Argentina y Uruguay ante la CIDH, servirá para sentar jurisprudencia a nivel continental con respecto a los términos y plazos procesales.
Esta participación de los defensores se logró gracias al convenio celebrado el 25 de septiembre de 2009 entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
En ese acuerdo se pautaron las principales disposiciones acerca de cómo deben intervenir los defensores ante la CIDH, sobre todo en los términos de asesoría gratuita en los casos que así lo requieran.