En España, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón anunció que la recaudación que generen las tasas judiciales de su país será destinada a financiar a los letrados gratuitos. Aclaró que solo la abonarán los ciudadanos que cuenten con los recursos económicos para hacerlo. También anunció una serie de cambios legislativos de importancia.
Los montos generados por las tasas judiciales "no ingresarán de forma indiscriminada en las arcas del Estado, sino que servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos", aseveró esta semana el ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón.
Así se refirió el funcionario en relación a la nueva disposición del órgano que dirige en la que se estableció que el dinero recaudado en concepto de tasas judiciales será destinado a financiar a los letrados gratuitos.
Es que, según precisaron fuentes ministeriales, el dinero que ingresa a través de la recaudación de las tasas es utilizado por el Estado como cualquier otro tipo de impuesto o alícuota. "Es necesaria una revisión de los criterios actuales para evitar su uso fraudulento y una mejor orientación a los afectados para resolver sus problemas de forma extrajudicial", aseveró Gallardón en este sentido.
Así es que desde la cartera dirigida por Gallardón planean enfrentar los difíciles problemas que atraviesa la Justicia española para su financiación. Siguiendo esta línea de razonamiento y teniendo en consideración la crisis que golpea el país, en la resolución también se aclara que la tasa será cobrada solo a los ciudadanos que cuentan con recursos económicos para abonarla.
Si bien el objetivo principal es lograr el financiamiento de la Justicia gratuita para los españoles que no puedan costearse un abogado, el dinero recaudado servirá a su vez para lograr la modernización del Poder Judicial, un punto contemplado en la reforma de su Ley Orgánica realizada en 2009.
La decisión ya está tomada, aunque Gallardón comunicó también que los criterios para acceder al asesoramiento gratuito serán revisados en los próximos meses.
En orden a implementar modificaciones que eran ampliamente reclamadas desde la Justicia española, el ministro también precisó que en los próximos meses estará trabajando con el Poder Legislativo para realizar cambios en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que data de 1998. Busca, de esta manera, reducir la cantidad de litigios del fuero.
En tanto, también aseveró que se realizará una modificación al Código Penal para introducir la pena de “prisión permanente revisable”, aclarando que se trata de un “mecanismo de seguridad”, de modo que la reinserción de un preso será estudiada antes de que se le conceda la libertad, condicional o no.
Otra de las controvertidas normas que anunció es relativa al aborto, que en España es legal. Ahora se prevé introducir algunos puntos relativos a la autorización de las menores de edad, que deberán contar con el permiso de sus padres para llevar a cabo la intervención.