En una nota de tapa firmada por el periodista Horacio Verbitsky, el diario Página/12 en su edición de ayer asegura que durante el mes de enero Soria se reunió con la mayoría de los jueces federales de la Capital, dos miembros de la Sala I de la Cámara Federal y el presidente de la Corte Suprema de Justicia para reclamarles que encarcelaran a Cavallo y los tres banqueros, y los amenazó con la puesta “en comisión” si no lo hacían.
Según la nota, con esas detenciones el gobierno buscaba “calmar los cacerolazos”, la protesta social que por esos días parecía el principal escollo a la embrionaria gestión de Duhalde. Verbitsky asegura que del encuentro, que se realizó primero en la casa del administrador de la Corte Suprema, Nicolás Reyes, participaron el presidente de la Corte, Julio Nazareno, el vicepresidente del mismo cuerpo, Eduardo Moliné; los camaristas federales Luisa Riva Aramayo y Gabriel Cavallo, y los jueces Juan José Galeano, María Servini de Cubría, Jorge Ballestero, Jorge Urso, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío. Allí, los supremos les habrían planteado a los jueces de primera instancia si acompañarían al poder ejecutivo ante un escenario de mayor desborde social, que demandará una represión a gran escala.
La información asegura que el encuentro siguió por la tarde del mismo día en el domicilio de Luisa Riva Aramayo, y en ese tramo no participaron los miembros de la Corte Suprema y tampoco Servini de Cubría y Sergio Torres, pero se sumó el jefe de la SIDE, Carlos Soria, con su presión en busca de detenciones acordes a las necesidades del Ejecutivo. Según el periodista de Página/12, la intimación del “señor 5” causó rechazo en la mayoría de los presentes y provocó un fuerte cruce verbal entre el jefe de los espías y el camarista Cavallo.
En la denuncia, el abogado Iglesias remarca que pocos días después fue detenido el banquero Carlos Rohm cuando partía hacia Europa por orden de la juez Servini, y la semana pasada Domingo Cavallo sufrió la misma suerte, imputado del delito de contrabando agravado, pero por un magistrado que no participó de los encuentros: el juez en lo penal económico Julio Speroni.
El abogado Iglesias dice en su escrito que la presunta reunión entre los magistrados y Soria indica un “estado deliberativo entre funcionarios del ejecutivo y del judicial” que muestra “la existencia de dos corporaciones, cada una de las cuales en pie de lucha para imponer criterios y voluntades cruzadas”.
Además, Iglesias reclama que se cite como testigos “a todos los funcionarios intervinientes, a excepción de aquellos que eventualmente puedan quedar imputados en la causa” y advierte además que los jueces federales nombrados en la nota como participantes de las reuniones con Soria debían excusarse de entender en la investigación si eran sorteados por la Cámara. De hecho esto era lo más probable y ocurrió, porque después del sorteo de rigor la denuncia cayó en manos del titular del juzgado federal 11, Claudio Bonadío, uno de los supuestos participantes del encuentro con Soria.
En rigor, el único juez del fuero penal federal que podría entender en la denuncia es Norberto Oyarbide, ya que todos sus colegas de Comodoro Py, figuran como participantes de los encuentros donde –según Iglesias- se habría producido la coacción por parte del Ejecutivo y por lo tanto podrían convertirse en testigos si la denuncia se convierte en investigación penal.
Además, Iglesias sindica como partícipe de las presuntas amenazas al mismísimo presidente Duhalde, según lo tipificado en el artículo 149 del Código Procesal Penal de la Nación.