Esto fue realizado en el marco de la declaración de incompetencia del magistrado, quien consideró que, por estar implicados ex funcionarios nacionales, debía remitir las actuaciones a las Cámaras en lo Penal Económico y Criminal y Correccional federal.
En ese sentido, Bergés solicitó que en de la investigación, que comenzó hace varios meses, se debe ver si los banqueros y las ex autoridades nacionales incurrieron en los delitos de "evasión tributaria, subversión económica y lavado de dinero".
Al respecto, opinó que aún deben practicarse “innumerables diligencias para poner en claro lo realmente sucedido", y remarcó que si bien los banqueros rechazaron haber impulsado el corralito "no se verificó la existencia de una sola nota de entidades del sistema financiero cuestionando la implementación del cerrojo bancario ".
En la extensa resolución, el juez destacó que “no existen” constancias de acciones de los bancos impugnando la decisión( del decreto 1570/01) o simplemente aclarando o manifestando disconformidad de algún modo.
También, destacó no se explica la razón de la concurrencia del principal directivo del Scotiabank a la Argentina para "charlar protocolarmente" con el ministro de Economía y el presidente del Banco Central a mediados de noviembre de 2001 "si los distintos banqueros que pasaron por su juzgado para ser indagados negaron haber mantenido conversaciones sobre la temática de las normas restrictivas del Poder Ejecutivo Nacional.
A su vez, manifestó que según las constancias que existen, excepto el Citibank y el Banco de Boston, los demás bancos “no podían cumplir con el cronograma de devolución de depósitos al 30 de noviembre", fecha en la cual desde el PEN se puso en vigencia el decretó que trabó para los ahorristas la libre disponibilidad de sus depósitos.
En el documento, se mostró poco convencido de los argumentos de los banqueros, quienes "hicieron especial hincapié en el rol que cumplió el Estado Nacional y que tuvo como consecuencia la crisis del sistema". Y sobre ese punto aseveró que "el descargo general de los banqueros pretende soslayar la propia responsabilidad, atribuyéndola a otros sujetos, o entidades pertenecientes al Estado Nacional".
Bergés criticó al BCRA cuando mencionó que las estructuras del ente "no soportan la evaluación y el control del sistema financiero y cambiario argentino a lo que está obligado".
De esta forma la decisión de Bergés benefició a los banqueros del Scotiabank Alan McDonald, del Río José Cristofani , del Galicia Eduardo Escasany y Antonio Garcés, del Sudameris José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada, del Citibank Peter Baumann y Timothy Gibbs, y del Boston Manuel Sacerdote y Víctor Zerbino .
Además, anunció que decidió suspender las indagatorias de la presidenta del Banco Río, Ana Botín, y del canadiense William Sutton, del Scotia, pero aclaró que de ahora en más deberá ser el juez que tome a su cargo la causa quien finalmente los convoque o no.