"Lo que hizo el Ministerio de Economía es una muestra de la inseguridad jurídica que se plantea en distintos ámbitos, especialmente en el campo", indicó al diario provincial El Tribuno el presidente de la Rural local, Fernando Lecuona de Prat, al explicar los motivos que pesaron los directivos cuando decidieron iniciar acciones legales.
La entidad levantó la voz contra esas dos resoluciones específicas. La primera fue dictada sobre lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia 214, disponiendo la pesificación de las deudas uno a uno. La otra estableció retenciones del 10% a las exportaciones de materias primas y de un 5% a las de productos elaborados.
Según la presentación, la devaluación benefició a algunos sectores de la producción, especialmente al exportador.
Cuando la Nación dispuso las retenciones al sector, sus autoridades se quejaron sobre la disposición del Gobierno central y sus directivos no perdieron la oportunidad de reclamar al ministro de la Producción José Ignacio De Mendiguren este y otros puntos, durante una reunión que mantuvo en esta ciudad con dirigentes de distintos sectores del campo.
Este reclamo se suma al de la Sociedad Rural Argentina que apeló a la Justicia la primera quincena de marzo pasado. El presidente de la sociedad Enrique Crotto había invitado a otras instituciones agropecuarias a adherir o presentar sus propios recursos de amparo contra decisiones oficiales que consideran injustos y violatorios de los tratados del Mercosur y de Marrakesh.