La Cámara Federal de Salta sostuvo que la toma del juzgado Federal N° 2 jujeño es una situación de “gravedad singular” y solicitó que “se adopten todas las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos”. La semana pasada la toma causó un revuelo en el Consejo de la Magistratura.
Mediante una resolución, la Cámara Federal de Salta rechazó “enérgicamente” los hechos que se sucedieron a principios de febrero en el juzgado Federal N° 2 de Jujuy, subrogado por el cuestionado juez, Carlos Olivera Pastor. Asimismo, el tribunal solicitó que los organismos pertinentes “adopten todas las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos”.
La resolución, firmada por Renato Rabbi-Baldi, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada, consigna el informe sobre los hechos realizado por Olivera Pastor. Allí se detalla que el 7 de febrero pasado una manifestación de 200 a 300 personas “ingresaron por la fuerza al mencionado Tribunal sobrepasando la guardia policial existente en esos momentos, a algunos de cuyos integrantes se les infringieron lesiones de diversa consideración, intimidando al personal judicial de dicha dependencia mediante actos de violencia física y psicológica”.
Agrega la resolución que luego de dos horas “en el que la crítica situación se mantuvo con la toma del Tribunal y la retención de sus integrantes, de abogados de la matrícula y de ciudadanos que se hallaban en el lugar y que no podían retirarse de allí” el juez tuvo que “recibir presionado por las circunstancias a representantes de la manifestación, algunos de ellos abogados matriculados”.
El motivo de las medidas tomadas por los manifestantes era “su interés en conocer la marcha de causas judiciales en las que se investigan violaciones a los derechos humanos en esa provincia, exigiendo además que se les precise la fecha en que se iba a tomar declaración indagatoria al Sr. Carlos Pedro Blaquier, requiriéndole que el mismo sea condenado”.
Estos son los argumentos del “informe preliminar” presentado a los camaristas por parte de Olivera Pastor, quien ya la semana pasada fue protagonista durante una reunión del Consejo de la Magistratura puesto que al ser tratado el expediente que se lleva adelante por su actuación en causas por delitos de lesa humanidad ("Cosentini, Marcelo y otros (Derechos Humanos con actuación en Jujuy) c/Doctor Olivera Pastor"), un expediente que lleva tres años en el Consejo.
La Cámara Federal de Salta, además de rechazar los hechos puso en conocimiento de los hechos a la Corte Suprema; el Consejo de la Magistratura, al ministro de Justicia . Ministro de Justicia a la ministra de Seguridad de la Nación; a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y a la Federación Latinoamericana de Magistrados.
La causa que generó todas las críticas al magistrado es la causa en la que se encuentra involucrada la familia Blaquier, la llamada "Noche del apagón", cuando en julio de 1976, en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín se provocó un apagón y donde se detuvieron a más de 300 personas. Todos ellos estuvieron en galpones del ingenio Ledesma, perteneciente a una de las familias más poderosas de la provincia.
Dias atrás el fiscal general y coordinador de la Unidad Fiscal de seguimiento de las causas de lesa humanidad, Jorge Auat, sostuvo a Página/12 que “Jujuy es un caso emblemático de impunidad” ya que hay “una inacción concreta y palmaria que va más allá del caso Blaquier: en Jujuy hubo más de 130 víctimas del terrorismo de Estado, no es un caso que hay que probar, la provincia no tuvo juicios habiendo sido de las más castigadas”.