La Comisión de Disciplina y Acusación decidió acumular por conexidad subjetiva los expedientes iniciados por el "anillo de Oyarbide". A su vez, decidieron citar al ex juez Carlos Olivera por la toma de su despacho. El consejero Moreno se mostró firme para llevar a cabo la citación.
"El problema se produce cuando un funcionario hace gastos que son desproporcionados con su evolución patrimonial. (…) Si quiere comprarse un anillo o quiere comprarse una colección de filatelia, es su problema", aseveró en enero de este año el ministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, al referirse a la polémica suscitada en torno al anillo del juez federal Norberto Oyarbide, que, según estimaciones periodísticas, tiene un valor de 250.000 dólares.
El caso, que tuvo una gran repercusión, como casi todas las cuestiones que atraviesan la vida personal y pública del magistrado, llegó hasta el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde una serie de expedientes con pedidos de investigación acerca del patrimonio de Oyarbide fueron presentados.
Por eso, desde la Comisión de Disciplina y Acusación decidieron, por voto mayoritario, la agrupación de los tres documentos por conexidad subjetiva.
A través de la nota de acumulación objetiva y subjetiva del consejero Mario Cimadevilla, se unieron los expedientes "Mussa, Juan Ricardo c/ Dr. Norberto, Mario Oyarbide (Juez Federal)", "Rodríguez Menéndez, José Emilio y Martín R. Bagala c/ Dr. Oyarbide, Norberto (Juez Fed.)" y, finalmente, "Bullrich, Patricia (diputada nacional) c/ Dr. Norberto Oyarbide (Juez Federal)".
Por otra parte, y después de un breve intercambio de opiniones, los consejeros también decidieron llamar a declarar, a través del artículo 20 del reglamento del organismo, al juez federal de Jujuy Carlos Olivera, cuyo despacho fuera tomado a principios de marzo por manifestantes e integrantes de agrupaciones defensoras de Derechos Humanos.
"A las 13.15 de este miércoles, militantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ingresaron al edificio donde se encuentra el despacho del doctor Olivera Pastos, titular del Juzgado Federal 2 de Jujuy. Empezaron a ocasionar disturbios y cuando el magistrado salió a averiguar qué pasaba entraron a su despacho", es el relato oficial que brindó el consejero Mario Fera en la reunión del ocho de marzo, en la que también se trató un expediente en contra del magistrado.
Pero la polémica no se presentó solo en torno a la citación de Olivera. Es que hace una semana, el jujeño decidió renunciar a su cargo de magistrado, lo que despertó fuertes opiniones de parte de algunos consejeros.
Carlos Moreno, presidente de la Comisión de Disciplina, aseguró enfático que previendo la situación que enfrentaría, Olivera decidió renunciar. En este sentido, agregó que el caso el camino que transitó el ex magistrado es muy similar al del camarista mendocina Otilio Romano, a la vez que se mostró en profundo desacuerdo con quienes intentaron dejar de lado el asunto alegando que como no está al frente del Juzgado Federal que manejaba ya no podía ser citado.
El ex juez fue largamente acusado, ante el Consejo y ante diferentes organismos de Derechos Humanos, por retrasar causas tramitadas en su Juzgado y relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina.
Uno de esos casos es el que involucra a la familia Blaquier, dueña del Ingenio Ledesma y productores del azúcar de mayor consumo en Argentina. Precisamente, fue el 27 de julio de 1976 cuando la ciudad jujeña de Libertador General San Martín sufrió la "noche del apagón". Mientras las luces se iban apagando en todas las calles y casas, las fuerzas represivas del Estado se encargaban de secuestrar a más de 300 personas y mantenerlas cautivas en uno de los galpones de la empresa.