El amparo, que fue radicado ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, incluyó además un cuestionamiento a las resoluciones del Estado nacional que prolongan "sine die" la intervención de la obra social de los jubilados.
La resolución 223 programa iniciar la descentralización a nivel de las Unidades de Gestión Local, la que se desarrollará en tres etapas. En la primera, el proceso de descentralización y federalización incluirá a las provincias de Salta, Chubut, Misiones, La Pampa, Formosa y Córdoba.
En las siguientes etapas se procederá a la suscripción de un Convenio Marco que incluye como partes al Instituto y al Gobierno provincial y luego a la firma del Plan Estratégico de Gestión entre las partes.
ATE además denunció una “disminución considerable en lo medicamentos”, la falta de garantías de las prestaciones en los hospitales, clínicas y sanatorios, la falta de cobertura del servicio de sepelios y el reajuste salarial, como así también exigieron el pago en término de los subsidios.
La presentación fue acompañada por una movilización de afiliados y beneficiarios quienes hicieron eco del reclamo en las escalinatas del Palacio de Justicia ubicado en la calle Talcahuano de la Capital Federal.