El Ministerio de Justicia santafecino dio inicio al Programa de Protección de Testigos y querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad. Con la inauguración de la sede en la ciudad de Reconquista, donde operará el órgano estatal, comenzó a funcionar el programa.
“Este programa se enmarca en una política del Ejecutivo santafesino de Memoria, Verdad y Justicia, de acompañamiento a los testigos, de apoyo a los juicios de lesa humanidad. En la provincia hay mucho interés en participar de este proceso de refundación ética del Estado que atraviesa la Argentina: un país no puede construirse sobre las bases de la impunidad”, precisó Juan Lewis, ministro de Justicia de Santa Fe.
El funcionario se refirió, más precisamente, al Programa de Protección de Testigos y Querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad, que a partir de la apertura de su sede en la ciudad de Reconquista, comenzó a funcionar.
La iniciativa cuenta con algunos años en la provincia: en 2008, cuando Hermes Binner, titular del Frente Amplio Progresista (FAP), era gobernador, llevó adelante la medida en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. De esa forma se comenzó a brindar acompañamiento, asistencia, contención, pero sobre todo, protección a los testigos de los casos que, en la actualidad, la Justicia santafesina tramita.
“El programa ha realizado desde hace tiempo una gran cantidad de acciones en la región a pesar de no contar con una delegación. Hoy tenemos muchos testigos enmarcados en el programa y la suerte de coronar todo este esfuerzo con la inauguración de la sede”, explicó Lewis en la inauguración, donde también estuvieron presentes el juez federal Mario Aldo Alurralde, el presidente del colegio de Abogados, Elías Salum, entre otras autoridades, representantes de organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la última dictadura.
Con la apertura de la sede se logró la integración de la Unidad Especial que hacía el trabajo del Programa, teniendo en consideración lo valioso de los miembros “ya que se ha producido a través de una selección rigurosa en la que participaron organismos de derechos humanos, legisladores y funcionarios políticos”. En ese sentido, el ministro consideró que “los agentes tienen un gran compromiso ético con la tarea que deben desarrollar y están muy capacitados”.
Asimismo, Lewis señaló que “este programa supera el enfoque meramente de seguridad y avanza hacia una mirada y un abordaje integral, por eso también trabaja en coordinación con el ministerio de Salud”.
Por su parte, el director del Programa, Daniel Boccoli, definió a la iniciativa como “una institución destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos, en este caso uno de los derechos más preciados que es el de acceso a la justicia. El programa de protección de testigos acompaña a los ciudadanos que acceden a la justicia después de tantos años de lucha de las Madres, los Hijos y los Familiares, para obtener una sentencia reparatoria. Y lo hace de una manera integral”.
También recordó que “el lunes en la provincia vamos a tener la sentencia en el séptimo juicio de lesa humanidad, en la causa Martínez Dorr. Éste es un camino de decirle no a la impunidad y sí a la verdad y la justicia. En la Argentina, en estos últimos años que han sido históricos, hay 67 juicios terminados. En la provincia tenemos siete, eso quiere decir que el 10 por ciento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se ha vivido en el país ha sido un aporte de Santa Fe”.