La Justicia procesó a 13 funcionarios de la gestión del ex gobernador Miguel Saiz, entre ellos, el ex ministro de Educación, César Barbeito, y el ex secretario general, Francisco Javier González, que actualmente es legislador de la UCR. Fueron acusados por el delito de peculado.
“No se trata aquí de poner en duda las facultades, ciertamente discrecionales, del poder ejecutivo para establecer un pago de un adicional de sueldos, con el objeto de generar un emolumento adecuado a la posición de responsabilidad que los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo sostienen de acuerdo a su función, sino la modalidad y mecánica con la que se implementó.”
Así se manifestó Carlos Reussi, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Viedma, quien procesó a 13 ex funcionarios de la gestión del ex gobernador Miguel Saiz: el ex ministro de Educación, César Barbeito; el ex secretario general, Francisco Javier González, que actualmente es legislador de la UCR; los ex ministros Alfredo Pega, Diego Larreguy, Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras y Pablo Verani, y los ex secretarios Sergio Pendas y Aníbal Hernández y el ex Tesorero General, José Ongaro.
Barbeito y González fueron señalados como autores penalmente responsables por el delito de Peculado, y el resto como partícipes necesarios. La causa investiga el presunto pago de sobresueldos durante la gestión de Saiz.
El magistrado señaló como primer hecho que durante un período del gobierno radical "se ejecutó e hizo efectivo el gasto público mediante una modalidad no autorizada para el pago de haberes, en cuanto se libraron cheques a la orden del Ministro Coordinador, o Secretario General de la Gobernación, según la época, o de funcionarios de esa área, para ser cobrados en ventanilla bancaria, sustrayendo los fondos de la esfera de control de la Administración".
Asimismo señaló, en segunda instancia, que "se habría procedido indebidamente al pago de las sumas de dinero, en concepto de suplementos en dinero a las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Provincial junto a otros organismos".
El juez también señaló que “se han acreditado los hechos descriptos y puede ya destacarse que el primero y el segundo son hechos consecutivos, con la misma dinámica aunque diferentes actores y el tercero es una consecuencia de los anteriores, signado por la falta de cumplimiento del rol específico del Contador General de la Provincia de Río Negro”.
“Se pudo establecer que los funcionarios a cargo, primeramente con César Barbeito como Ministro de Coordinación, luego con Francisco González como Secretario General de la Gobernación, y finalmente con la intervención de éste y los ministros de todas las áreas del Gobierno Provincial, establecieron e hicieron funcionar un sistema por el cual detraían mensualmente de la Administración Pública importantes sumas de dinero con alegado destino a pago de adicionales."
Para ello, señaló el magistrado, "se implementó un sistema anormativo, dando espacio a un verdadero imperio de la voluntad y la arbitrariedad, así como la informalidad administrativa, liquidándose montos a empleados y funcionarios sin ningún ajuste reglado, y sujeto a la mera voluntad de los administradores, por fuera del sistema administrativo contable del poder ejecutivo”.
En este sentido, agregó que “se ocasionó el manejo de una suma de dinero por fuera del esquema contable de la Provincia, evitando los controles propios a toda erogación dineraria, y máxime en materia de salarios, generando una actitud secretista y discriminatoria, impropia de los modos naturales para la implementación cabal de las políticas del Estado”.