El pedido había sido formulado por el defensor de Arancibia Clavel, Enrique Terrarossa, quien invocó tratados internacionales sobre derechos humanos, incorporados a la Constitución Nacional, respecto de la duración de la prisión preventiva dictada por los magistrados.
El letrado pidió que se tenga en cuenta el tiempo en que se cometió el homicidio de Prats, el 30 septiembre de 1974, y que su cliente esta detenido desde el 18 de enero del 96, es decir hace ya más de cuatro años, cuando la ley preve que la prisión preventiva puede durar dos años, prorrogable por dos años más en caso de complejidad en la investigación. Asimismo, Terrarossa señaló que "estado actual de la causa no permite avizorar cuándo tendrá lugar el juicio oral y público".
Sin embargo, los jueces Carlos Andina Allende y Juan María Torino señalaron que la situación no ha cambiado desde noviembre del año pasado, fecha en la que el Tribunal Oral en lo Federal 6, a cargo del juicio oral que se llevará cabo este año, le rechazó por última vez un pedido de excarcelación.
Ambos magistrados coincidieron con el dictamen desfavorable del fiscal federal Raúl Perotti, quien entendió también que el pedido debía desestimarse. Recordaron que la Sala Primera de la Cámara de Casación confirmó el 17 de junio del año pasado la preventiva de Arancibia Clavel cuando ya estaban vencidos los plazos.
Por su parte, el tercer integrante del tribunal, el camarista Cesar Osiris Lemos, advirtió en disidencia que "se cumplieron todos los plazos máximos" y que por esa razón debe concederse la excarcelación .
"La presunción de que el imputado, en caso de ser excarcelado, va a eludir la acción de la Justicia por la gravedad de los hechos sería transformar en letra muerta los parámetros objetivos de la ley 24.390", sobre el régimen de excarcelaciones.
Lemos, en su presentación dijo que "si queremos asegurar que no se profugue embarguémosle un inmueble y un automóvil" y propuso "comprometerlo a presentarse ante el tribunal cada 15 días". A su vez, Servini de Cubría tiene planteado ante su juzgado la prescripción de la acción penal, que la magistrada deberá resolver teniendo en cuenta el dictamen de los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Felipe Di Lello quienes se opusieron a ello por considerar el hecho como un crimen de lesa humanidad.
Servini de Cubría viajó a Chile a fines del año pasado donde tomó declaración a dos ex jefes de la DINA, quienes habrían planificado, durante el gobierno de Augusto Pinochet, el asesinato del General Prats, así como también el del canciller durante el gobierno socialista de Salvador Allende, Orlando Letellier, ocurrido en Washington.La magistrada argentina también interrogó en los Estados Unidos al ex agente de la CIA y colaborador de la DINA Michael Towley, quien intervino junto con Arancibia Clavel en la planificación y en la voladura del automóvil en que fallecieron Prats y su esposa, en 1974, en Buenos Aires.
La decisión de Servini de Cubría sobre el plazo de prescripción incidirá en las pretensiones de los fiscales de que Pinochet pueda llegar a ser indagado en la Argentina por este hecho.