El Tribunal Superior de Córdoba presentó un informe, ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación, sobre las acciones adoptadas por el Poder Judicial local para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas. El material fue elaborado en cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y será remitido a la OEA.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba elaboró un informe relativo a las acciones del Poder Judicial local destinadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas. El material fue enviado a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en cumplimiento con la Convención Interamericana contra la Corrupción. El documento se centró en el quinqueño comprendido entre los años 2007 y 2011.
Entre tanto, el Ministerio de Justicia de la Nación será el encargado de remitir el informe cordobés, junto con los datos enviados por las restantes jurisdicciones argentinas, a la Organización de Estados Americanos.
En particular, el informe revela que entre 2007-2011 las Cámaras del Crimen cordobesas dictaron catorce sentencias condenatorias contra funcionarios públicos sometidos a juicio en calidad de autores, cómplices o encubridores de conductas tipificadas penalmente y vinculadas con prácticas corruptas. Además, dichos tribunales emitieron seis sentencias absolutorias y un sobreseimiento por prescripción.
El material también brindó datos sobre la actuación del Tribunal de Ética Judicial, el cual se compone de cinco miembros -magistrados y abogados jubilados designados por el Tribunal Superior de Justicia a propuesta de las instituciones que representan a dichos estamentos-. Entre 2007 y 2011 este organismo recibió 99 denuncias.
Además, el informe precisó que del total de denuncias recibidas por el Tribunal de Ética 52 fueron desestimadas o archivadas, 14 consistieron en meras consultas y 14 aún están en trámite. Por otra parte, en 14 casos se aplicó como sanción una recomendación simple y en otros 7 casos se aplicó una recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia provincial.
El informe cordobés describe, a su vez, las acciones de prevención de prácticas corruptas que adoptó el Máximo Tribunal cordobés, la Oficina de Ética Judicial y el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, durante el quinqueño señalado.
Asimismo, el documento brinda estadísticas sobre infracciones vinculadas con la transparencia de los agentes judiciales. Los datos cuantitativos fueron calculados a partir de la información recabada mediante un formulario diseñado por el Centro de Estudios y Proyectos que contiene datos suministrados por la Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior –dedicada a la detección y sanción de responsabilidades disciplinarias dentro del Poder Judicial-.
Por otra parte, el material elaborado por el Máximo Tribunal cordobés también proporciona detalles sobre la actividad judicial de los órganos que intervienen en la sanción de prácticas corruptas con responsabilidad penal. Estas respuestas fueron brindadas a pedido de la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Finalmente, cabe señalar que según la Convención Interamericana contra la Corrupción son numerosas las prácticas calificadas como corruptas. Entre ellas se cuentan diversas conductas que están tipificadas penalmente, tales como: administración fraudulenta, defraudación en perjuicio de la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, receptación de dádivas, soborno, malversación de caudales públicos, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.