Diferencias de Poder

La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo de Santa Fe se había afianzado durante los últimos años de cara a la Reforma de la Justicia que están llevando a cabo, con algunos ejes fundamentales como los cambios en el Código Procesal Penal, la atención a las “pequeñas causas” y la mediación prejudicial obligatoria en material civil y comercial. Pero esto no impide que se susciten roces.

Es que desde el Ministerio de Justicia de esa provincia se confeccionó la Resolución 145/12 para equiparar a los postulantes a magistrados con los jueces que realizan funciones como tales en los concursos que realiza la administración de Justicia.

Esta iniciativa gubernamental despertó rápidamente la polémica, y desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe no tardaron en brindar una respuesta y una posición. Es por ello que hace unos días presentaron un recurso de revocatoria y subsidiaria de apelación.

En el escrito, firmado por Daniel Rucci y Ariel Ariza, presidente y vicepresidente del Colegio, precisaron que existía una “suerte de diferendo” que la institución sostenía con el sistema de puntajes establecido en el reglamento del Consejo de la Magistratura provincial.

“La resolución 145 viene a producir dicha afectación al establecer una categoría unitaria de aspirantes a cargos judiciales, estableciendo en forma equivalente, parificada e indiscriminada el puntaje por especialidad de los magistrados que ejercen o han ejercido la función jurisdiccional con otros postulantes que no desempeñan funciones jurisdiccionales, asignando un puntaje por especialidad idéntico”, aseveran en el escrito.

Asimismo, precisaron que “no debe perderse de vista que los concursos son para cargos de magistrados judiciales tanto en pri¬mera ins¬tancia como en segunda. Por ello enten¬demos patente la ilogicidad de un criterio que resta y desvirtúa la in¬cidencia de la especialidad jurisdiccional precisamen¬te para cubrir un cargo de Juez”.

“Consideramos que ello es tan irrazonable como si en un concurso para docente universita¬rio se equiparase la experiencia de alguien que se encuentra al frente de una cátedra con la trayecto¬ria de alguien que ejerce la profesión de abogado o la función judicial.”

También consideraron que las pretensiones de la Resolución son “irracionales” y entendieron que la “creación de una categoría caprichosa, por vía de la elevación de puntajes a otros aspirantes que no ejercen funciones jurisdiccionales”.

En este sentido, afirmaron que “la aplicación del sistema de puntajes que se viene considerando conduce a situaciones que transgreden la pauta de razonabilidad a que debe sujetarse toda norma estatal lo que en determinadas situaciones a resultados derechamente absurdos”.

En tanto, el titular ministerial, Juan Lewis, respondió en medios locales alegando que “en realidad, lo que el Colegio de Magistrados cuestiona no es la calificación de antecedentes por antigüedad. De hecho, este criterio beneficia a muchos secretarios que se postulan para ocupar cargos judiciales”.

“Lo que sí cuestionan es la calificación de antedentes por especialidad, ya que en ese caso, lo que se evalúa es el conocimiento del postulante sobre la materia para la cual se postula, ya sea la rama del derecho Penal, Civil y Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, etcétera”, agregando en este punto que el resto de los candidatos cuenta con mayores posibilidades (abogados, secretarios, defensores, entre otros).

“El reglamento debe reflejar las necesidades de todos los operadores de la Justicia. Podemos revisarlo y pulirlo; podemos escuchar a los legisladores y establecer el perfil de juez que buscamos para perfeccionar el sistema judicial; pero no podemos promover cambios por el interés mezquino de un solo sector, desconociendo el debate previo”, sentenció Lewis.