Tres jueces que se van | Córdoba: nueva ley que prohíbe los prostíbulos | Mendoza: proyecto de ley para impedir que abusadores trabajen en contacto con niños |
El gobierno Nacional le aceptó la renuncia a tres magistrados
Este jueves se publicaron en el Boletín Oficial tres decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional les aceptó la renuncia a tres magistrados. Se trata de los decretos 797/2012, 798/2012 y 800/2012 todos ellos firmados por la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, y por el ministro de Justicia, Julio Alak. En el primero de ellos se le aceptó la renuncia a partir del 15 de junio próximo a Mauricio Adolfo Zamudio, titular del juzgado de Instrucción N° 21 de la Capital Federal. El segundo decreto le acepta la dimisión al integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, Horacio Alberto Gerardo Ramón Artabe. Mientras que en el último de los decretos se acepta a partir del 1 de julio próximo la renuncia a la magistrada integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, María Estela Blanco.
Ley cordobesa prohíbe el funcionamiento de prostíbulos y whiskerías
La Legislatura de Córdoba aprobó una ley que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos y whiskerías en territorio provincial. La sanción de la norma se concretó en presencia de Susana Trimarco, madre de Marita Verón -la joven que fue secuestrada por una red de trata diez años atrás-. Es preciso destacar que el proyecto fue modificado a último momento, y se incluyó una cláusula que prevé la no criminalización de la trabajadora sexual, de modo tal que no se vulneren los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente. Actualmente, según datos oficiales, en Córdoba funcionan 150 cabarets.
Delincuentes sexuales abstenerse de trabajar con menores
En Mendoza, varios legisladores presentaron un proyecto de ley que prevé la inhabilitación de por vida para trabajar en contacto con menores de edad de personas condenadas por delitos sexuales. Los autores de la iniciativa basaron su proyecto en los porcentajes de reincidencia que existen en torno a este tipo de delitos y en informes de especialistas que afirman que las personas que han cometido abusos sexuales no pueden tener, posteriormente, ningún contacto con niños. El objetivo de la norma es que ninguna persona que haya sido condenada por la comisión de delitos contra la integridad sexual pueda ocupar cargos que impliquen el contacto con niños, niñas y adolescentes, de por vida, para brindar mayor protección a los menores.