21 de Noviembre de 2024
Edición 7096 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/11/2024
Se ahorrará 8 millones al año

El Poder Judicial corta con las editoriales jurídicas

Lo decidió el Consejo de la Magistratura durante una tensa reunión de la Comisión de Administración y Financiera. La sesión tuvo varios matices y hasta la ida ofuscada de varios consejeros. La baja de las suscripciones operará a partir de la próxima feria de invierno y se creará un comité para analizar los pasos a seguir.

A partir de la feria de invierno las grandes editoriales jurídicas no prestarán más servicio al Poder Judicial de la Nación ya que el Consejo de la Magistratura dio de baja a las suscripciones al no aprobar la renovación del contrato. Sin embargo pagará los servicios hasta el último día hábil previo a la feria de invierno.

Lo decidió la Comisión de Administración y Financiera del organismo, presidida por el consejero-juez Mario Fera, durante la reunión del jueves pasado donde los consejeros se cruzaron en una discusión sobre los sistemas públicos o privados de información jurídica.

El primero en tomar la palabra fue el consejero-diputado, Carlos Moreno, quien fue uno de los impulsores de la “revisión” de las suscripciones, y que sostuvo que desde el 2000 se está contratando los servicios de “una multinacional que absorbió a empresas más chicas” y, además, “con sede en Londres” por ello volvió a hacer hincapié -al igual que en reuniones pasadas- en que “los dineros públicos tienen que ser en función de todos los argentinos”.

Marcelo Fuentes, consejero-senador, se acopló a estos comentarios y dijo que “en la medida en que se mantengan los dos sistemas, el sistema público no va a crecer” y por ello bregó por “interrumpir el sistema privado y desarrollar el sistema público”.

Así el plan es hacer un convenio con el Sistema Argentino de Información Jurídica conocido como Infojus. Los consejeros argumentaron estas editoriales se valen de la gratuitidad de las sentencias y luego cobran por algo que el Estado les da gratis.

Por su parte, la consejera-diputa Stella Maris Córdoba propuso “mantener la contratación de los servicios hasta la feria judicial y, a partir de ahí, adoptar otro sistema”. El presidente de la Comisión había presentado una propuesta en la que se consignaba pagar todo el año de suscripciones y a su vez crear un comité para analizar la situación y obtener una resolución. Lo primero era lo más resistido.

Fera entonces tomó la palabra y tras aclarar que no era su intención “defender a una o varias editoriales” sostuvo que “es fundamental no dejar de brindar un servicio” que es utilizado por todos los magistrados. Fuentes rebatió: “hay que cortarlo porque sino el sistema público no tiene posibilidades de avanzar” y volvió a argumentar que no se puede “alimentar parasitariamente a un sistema privado”.

Entonces, el consejero-abogado, Daniel Ostropolski, en referencia a la editorial La Ley se preguntó: “¿Porqué para que crezca debe suprimirse la contratación con este gran líder actual?” A lo que Fuentes salió a su cruce con un sonoro: “déjense de joder”. En ese momento, Fuentes junto con Ordiales, Moreno, Córdoba e Iturrez se pararon y dejaron sin quórum la sesión.

Fera sorprendido sólo atinó a expresar que la reunión pasaba a un cuarto intermedio. Cabe recordar que la Comisión está compuesta por Fera, Ordiales, Córdoba, Ostropolsky, Iturrez y Aguad. Todos se levantaron. Segundos después Moreno se acercó al micrófono y anunció que la reunión de Disciplina y Acusación tampoco se haría por falta de quórum.

Todo parecía haber terminado, sin embargo veinte minutos después  y luego de las “charlas informales”   volvieron a la reunión Fera, Ordiales, Ostropolsky y Córdoba, el quórum mínimo necesario para sesionar, y decidieron pagar los servicios de las editoriales hasta el último día hábil previo a la feria de invierno, esto es, el próximo 13 de julio. Además votaron crear un comité para establecer los pasos a seguir con respecto al tema.

Las suscripciones con las editoriales jurídicas incluyen entre otras a Errepar, La Ley, Abeledo Perrot, El Derecho y Rubinzal y representa para el Poder Judicial un gasto de casi 8 millones de pesos al año.

 



dju

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