El cuerpo porteño desestimó la denuncia realizada por el Defensor de la Ciudad, Mario Kestelboim, contra Fernanda Botana por el desalojo de 33 familias de un hotel en Constitución. No obstante, también se exhortó a los magistrados a que “extremen los recaudos” en las causas por desalojos.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad desestimó por 7 votos a 2 la denuncia contra la jueza PCyF, María Fernanda Botana, iniciada por el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, por mal desempeño en sus funciones. Asimismo el organismo realizó un pronunciamiento invitando a los jueces, y a los integrantes del Ministerio Público de la Ciudad, a que “extremen los recaudos” en las causas por desalojos.
En mayo pasado la titular del Juzgado Nº 5 del fuero PCyF de la Ciudad ordenó el desalojo de un hotel con 33 familias en el barrio de Constitución. Esto produjo un revuelo tanto mediático como social y en los diferentes organismos de la Justicia que derivó en la denuncia del Defensor General de la Ciudad contra la magistrada ante el Consejo de la Magistratura porteño considerando que “la jueza respondió a los abogados de parte y no al pedido de la fiscalía”.
Sin embargo, con los votos de Gisela Candarle, Juan De Stefano, Laura Grindetti, Ricardo Baldomar, Gustavo Letner, Alejandra Petrella y Javier Concepción se desestimó la denuncia de Kestelboim. Tanto Petrella como Concepción votaron a favor de la desestimación aunque aclararon que no estaban de acuerdo con los argumentos que planteaba el dictamen que sostenía que “la conducta de la jueza Botana se ajusta a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal de la Ciudad”.
En contra se expresaron Daniel Fábregas y el presidente del organismo Juan Manuel Olmos. Este último impulsó una resolución para que el Consejo exprese un pronunciamiento ya que tras el análisis de lo sucedido con Botana “podría inferirse que el sistema judicial no estaría dando respuestas a la problemática social emanada de las situaciones planteadas en casos de la especie”.
La iniciativa de Olmos fue aprobada con el apoyo de Fábregas, Petrella, Concepción y Baldomar, y plantea “invitar” a los jueces y juezas porteños a que en las causas en las que proceda la restitución de inmuebles “extremen los recaudos tendientes a propiciar la desocupación voluntaria, instando asimismo a que de intervención al momento del lanzamiento, a la totalidad de los organismos competentes”.
Ello con el objetivo de “morigerar la situación social producida, particularmente cuando se encuentren involucrados niñas, niños, personas con capacidades especiales y/o toda otra población en situación de riesgo”. También se invitó, también, al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa a “continuar” en el trabajo de la comisión creada con el objeto de “elaborar un proyecto de reglas de actuación de Magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa” sumando a la Asesoría Tutelar.
En contra de este pronunciamiento, que finalmente fue aprobado, votaron Candarle, Stefano, Grindetti y Letner.
La iniciativa aprobada de Olmos también menciona que la propia Defensoría General considera inconstitucional el artículo 335 in fine del Código de Procedimientos de la CABA por “no respetar la garantía de la defensa en juicio”.
Asimismo, detalla que “la Cámara del fuero en Acordada 4/09 (27-10-2009) dispone que ‘a los efectos de asegurar el derecho de defensa en juicio y en el caso particular cuando los jueces de primera instancia dispongan la medida cautelar del art 335 in fine CPPCABA y la misma sea apelada, el recurso tiene efecto suspensivo’ y la Fiscalía General, se autolimita con el Protocolo de Actuación para la Restitución de Inmuebles Usurpados, aprobado por Resolución N° 121-FG/08”.