Así lo sostiene un informe elaborado por la Universidad de Texas que realizó un análisis de dos años acerca del procedimiento que se realiza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La falta de recursos suficientes en la Comisión”, explica el informe, “restringe a su capacidad de actuar”.
Un informe realizado por Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas sostiene que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su Secretario General son los principales responsables del rezago y retardo procesal al no dotar ni asegurar que la CIDH cuente con un presupuesto acorde a sus responsabilidades y necesidades.
En concreto, sostienen que “la falta de recursos suficientes en la Comisión… restringe a su capacidad de actuar”. Por lo que el estudio concluye que la primera recomendación para garantizar un efectivo y eficiente funcionamiento de la CIDH es que “asignen a la Comisión del presupuesto necesario”.
Tal y como lo detalla el trabajo “la Comisión se ha enfrentado a una mayor afluencia de peticiones más complejas que no ha venido acompañada de un presupuesto proporcional para cumplir con sus diversas responsabilidades”. Por lo que, “la Comisión tiene ahora un gran congestionamiento de casos en varias etapas en el procedimiento, y los peticionarios enfrentan largos retardos procesales”.
Además de la falta de financiamiento el trabajo detalla también están entre las causas del retraso “la organización estructural del procedimiento de la Comisión que divide las etapas de admisibilidad y de fondo” y “los procesos internos de la Comisión al manejar las peticiones y casos”.
En general, detalla el trabajo, “hay un gran congestionamiento de casos, el procedimiento concentra su carga de trabajo en las etapas iniciales, y las peticiones y casos tienen largos retardos procesales”. La CIDH recibe entre 1.300 y 1.500 peticiones por año. “Cada año, entre 130 y 225 solicitudes se añaden a lista de espera de la Comisión. Sin embargo, el mayor número de decisiones que la Comisión ha tomado en un solo año fue de 133 en 2010”, consigna el informe.
Según los datos recabados en promedio trascurren “seis años y medio desde la presentación inicial de una petición hasta su decisión definitiva de fondo” y dentro de este plazo, “se requiere de más de cuatro años simplemente para que se tome una decisión de admisibilidad”.
Por ello, recomendaron a la Comisión “reconsiderar la separación de las fases de admisibilidad y fondo, adoptar el uso de la tecnología en sus procedimientos, y mantener el máximo nivel de transparencia en todo su trabajo”.
Ello puesto considera “esencial que situaciones como esperar 17 años simplemente para una decisión de admisibilidad no se repitan y que las victimas como Gerson Jairzinho González Arroyo obtengan justicia con prontitud”.
El Informe es resultado de dos años de estudio analítico, estadístico y por medio de entrevistas sobre la duración del procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya fue compartido tanto con el pleno de la Comisión Interamericana como con su Secretaria Ejecutiva.