Además, en el mismo escrito, los querellantes le pidieron a la Cámara que Rohm sea enviado a “una cárcel común, a cargo del Servicio Penitenciario Federal”. Desde que fue procesado, el 6 de marzo último, Rohm está alojado en la Dirección de Investigaciones de la Prefectura Naval (DIPA).
En este sentido, los diputados pidieron que “se cumpla con la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, respecto a los lugares de detención de los procesados, ya que –advierten- “no hay ningún motivo para que ello no ocurra”. Además recuerdan que “otros banqueros están en el penal de Ezeiza”, como Marcos Gastaldi, detenido por operaciones ilícitas en el Banco Extrader.
A través del mismo escrito, los querellantes se presentan a “mejorar los fundamentos”, del procesamiento dictado por Servini, que ahora está en discusión en la Cámara porque fue apelado por la defensa de Rohm, encabezada por el abogado Alejandro Carrió.
“No hay ninguna duda”, dicen los diputados, que “se han cometido los delitos contemplados” en el artículo 6 de la ley 20.840, conocida como de “subversión económica”. Además, argumentan que el Banco General de Negocios “en vez de cumplir su objeto social, se transformó o tal vez se constituyó en una estructura apta para la canalización de fondos provenientes de los más diversos delitos vinculados al Estado y al sistema finaciero, en perjuicio de la sociedad”.
Para los querellantes, ese perjuicio se manifiesta en “la sustracción del dinero del mercado de capitales para su posterior fuga al exterior, hasta su total desaparición con el llamado corralito financiero”.
Después de repasar y apoyar los argumentos vertidos por la juez María Servini de Cubría en el auto de procesamiento, los diputados remarcan la “conexidad” que la actividad del BGN tendría con “otros hechos ilícitos”. En particular, con el caso del contrabando ilegal de armas, por el cual recientemente quedó detenido el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.
También, mencionan la causa “IBM-Banco Nación” y la investigación –en manos de Servini- sobre supuestos ilícitos en las operaciones argentinas del Banco BCCI, de Gaith Pharaon.
Sobre el final del escrito, luego de calificar como de “ajustada a derecho” la calificación legal de los delitos que efectuó la juez Servini, realizan una defensa jurídica de la ahora cuestionada ley 20.840, más conocida como “de Subversión Económica”. Una defensa lógica, pero que llega justo cuando en el Congreso se instala el debate sobre la necesidad de derogarla.