La sintonía fina llegó al STJ de Chaco

Desde el Poder Judicial de Chaco sostienen que este se encuentra “seriamente comprometido en su financiamiento”. Esto es ocasionado, “sin ninguna duda, por la falta de transferencias de fondos desde el Poder Ejecutivo provincial”, explicaron desde el Superior Tribunal de Justicia de Chaco.

Según datos bridados desde el máximo tribunal provincial, durante el 2012, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Ley de Presupuesto, debía transferir la suma de 6 millones de pesos mensuales al Poder Judicial para atender sus gastos corrientes y de capital –excluyendo sueldos-.

Sin embargo se transfirieron 5 millones de pesos desde principio de año, monto que se elevó a 5 millones quinientos mil “a fin de atender el incremento del valor mensual de reconocimiento de gastos”. “Situación que se vería agravada en el trimestre julio/setiembre toda vez que las últimas informaciones recibidas determinarían una disminución de tal importe a la suma de 4 mil millones”, explican.

Con todos estos datos, puede dilucidarse una diferencia de 5 millones ciento cuarenta mil pesos, monto que forma parte de la deuda que registra el Poder Judicial provincial. Esto, destacan desde el STJ, produjo “la suspensión de obras que se pensaban iniciar en el presente año (vrg. Fuero Civil Torre III; Juzgado Multifuero Misión Nueva Pompeya; etc.) y otras que había programado en su Plan de Obras Públicas aprobado por Acuerdo Extraordinario 3201/2011”.

Asimismo destacan que esto se ve complejizado por la cuestión de los salarios ya que “la permanente decisión de los gremios de empleados de realizar huelgas en reclamo del cumplimiento de las promesas del Poder Ejecutivo, y de la existencia de numerosos juicios de amparo presentados por magistrados de toda la provincia los cuales se encuentran en el Superior Tribunal de Justicia a la espera de una definición jurisdiccional, que ya están en situación de ser resueltos a la brevedad”.

De igual manera, explican desde el STJ que “el Poder Judicial no puede ni debe solucionar el problema salarial de todos sus integrantes”. Ello puesto que “legalmente no le corresponde, y tal situación queda, exclusivamente, en manos del Poder Legislativo, a través del dictado de la ley correspondiente, y del Poder Ejecutivo, que deberá asignar las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la mentada ley que se dicte”.

Entre las obras suspendidas o cuyo trabajo se ha visto frenado son las obras iniciadas en el edificio Tribunales de Castelli o la readecuación edificio Fuero Penal de Resistencia, entre otras. En tanto que se suspendieron los procesos de licitación de la Ampliación Edificio Tribunales de Familia Sáenz Peña y Remodelación del SUM, en Resistencia.