La Corte Suprema ratificó la "ley de enganche" y desestimó un recurso extraordinario presentado por la provincia contra una demanda iniciada por los empleados judiciales y por la que se estima deberá pagar cerca de 2 mil millones de pesos como recomposición salarial.
La causa comenzó en 1991, cuando el por entonces Poder Ejecutivo de la provincia de Chaco dispuso un aumento de 2.900 pesos a los jueces provinciales mediante la resolución 858/91. Omitiendo así normativa provincial, Ley de enganche Nº 2695, por medio de la cual debía trasladarse los aumentos al resto de los empleados del Poder Judicial chaqueño en porcentajes equivalentes.
En su momento, esta decisión generó unas 1200 presentaciones judiciales aunque la única causa que prosperó, e incluso llegó a la Corte es la causa “Müller, Gustavo Adolfo c/ Superior Tribunal de Justicia s/ demanda contencioso administrativa”.
Hacia febrero del 2009, un tribunal ad-hoc integrado por Raúl Nardoni, Raúl Parra, Fortunato Suárez y Susana Pachecoy sentenció: “la ilegalidad de la Resolución 858/91 frente a la vigencia de la ley 2695, al momento de su dictado, en cuanto viola el régimen de equiparación y porcentualidad que la misma establece, afectando el principio de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces (entendido en su amplio concepto) y la ilegitimidad en cuanto pretende establecer una distinción inaceptable, cual es la de entender que el adicional que establece pueda ser de carácter no remuneratorio y no integrar el haber básico”.
Tras lo cual el Poder Ejecutivo provincial presentó un recurso extraordinario, mediante su representante el Fiscal de Estado subrogante Fernando Ford, ante la Corte Suprema que fue declarado inadmisible. Así, con la firma de Elena Higthon de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay, el máximo tribunal desestimó el recurso el pasado 14 de diciembre.
En cifras, tal y como lo explicó Carlos Maidana, secretario de la Asociación Judicial de Chaco, cada trabajador, desde oficial mayor para abajo, tendrá que cobrar el 113% más de salario mensual desde 1991 hasta ahora.
Según una estimación brindada por el propio Superior Tribunal de Justicia chaqueño, en ocasión de la sentencia en 2009, la deuda que deberá pagar el Estado provincial alcanzaría unos 2 mil millones de pesos. Aunque se cree que por la inflación del último tiempo la cifra podría ser mayor ya que este monto fue calculado en 2001.