El Poder Ejecutivo envió al Senado uno de los pliegos para ocupar una vacante de las salas VI y VII de la Cámara del Crimen. El proceso concursal había concluido en 2010 y fue seleccionado Mariano Alberto Scotto, actual juez de Instrucción N° 26. La denuncia del magistrado Federico Salvá.
Mariano Alberto Scotto, actual juez de instrucción N° 26, fue elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo vacante en una de las salas de la Cámara del Crimen. Su pliego fue enviado junto con los de los candidatos para los juzgados Federales de primera instancia el 5 de julio pasado.
Scotto, con siete años de experiencia en la Justicia de Instrucción, llega al cargo luego de haber superado el Concurso 251 en el Consejo de la Magistratura, abierto en 2009 en busca de cubrir dos vacantes en las salas VI y VII de la Cámara del Crimen de la Capital Federal.
En uno de esos cargos fue seleccionado Ricardo Pinto, pliego que se envió al Senado de la Nación en junio del 2011, luego de un año de remitida la terna al Poder Ejecutivo, y en el otro se lo seleccionó a Scotto, cuyo pliego ingresó en la Cámara Alta en los primeros días de julio.
Scotto llega al cargo luego de que, seleccionado Ricardo Pinto y Julio Baez, uno en una de las vacantes en la Cámara del Crimen y el otro en de tribunal oral, pudiera estar en el tercer lugar de la terna. Allí el Ejecutivo Nacional consideró a este el más idóneo para el cargo. Gonzalo Rúa se desempeña como juez en lo PCyF porteño; en tanto que Ignacio Rodríguez Varela, secretario de Fiscalía.
Al momento de ser remitida la terna por parte del Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, la misma se encontraba integrada por Gonzalo Rúa, Ignacio Rodríguez Varela, Ricardo Pinto. En tanto que en lista complementaria se encontraban Julio César Báez, Mariano Scotto, Inés Cantisani, Fernando Caunedo, Federico Salvá y Domingo Altieri.
Uno de los protagonistas de aquel concurso, hoy integrante del TOC N° 27, Federico Salvá, presentó en febrero del 2010, durante la tramitación del concurso y tras la comunicación de los resultados de los exámenes de oposición, un escrito en el ponía en conocimiento del Consejo de que la integrante del jurado del concurso en ese momento integraba la junta directiva de INECIP, conjuntamente con uno de los postulantes, Gonzalo Rúa.
Allí detallaba, además, que esto “puede hacer presumir una estrecha relación entre quien ejerció la función de jurado y el postulante” y que “en aras de garantizar la debida trasparencia que debe regir en cualquier proceso de selección de un Magistrado” comunicó al Consejo esto para que “se determine si existió causal de excusación por parte de la Dra. Caamaño Iglesias Paiz y en su caso se actúe en consecuencia”.
Asimismo, en la presentación Salvá se cita un ejemplo dado en el concurso 136, destinado a cubrir vacantes en Tribunales Orales de Menores, donde ante una presentación similar se “concluyo con la exclusión del candidato Ricardo Basílico por Resolución Nro. 149/06”.
Según consigna el Acta 3/10, del 11 de marzo del 2012, de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, día en que se trató la impugnación presentada por Salvá, “oportunamente, la Dra. Caamaño Iglesias Paiz informó a esta Comisión que se presentaban varios de sus colegas y conocidos del fuero, sin que dicha circunstancia modificara la objetividad requerida para desempeñar el cargo de Jurado”.
Por lo que se decidió proseguir el trámite del concurso ya que “se consideró que lo manifestado no estaba comprendido como causal de excusación”. En aquella reunión, además, el por entonces Consejero Luis María Bunge Campos, indicó que “Caamaño Iglesias Paiz es directora del área ‘Cárceles y Política Penitenciaria’; y que el postulante Rúa no participa directamente de la misma”.
El Poder Ejecutivo tiene la potestad de seleccionar libremente la terna, al tiempo que no posee una obligación legal para fundar su decisión. No obstante de eso, la INECIP anunció que le pedirá al Ministerio de Justicia de la Nación que precise los motivos de la elección.