Brevatas

Traslado y renuncia de procuradora ante la Corte

Mediante dos decretos publicados este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Marta Beiró, procuradora fiscal ante la Corte Suprema y el traslado de Juan Giudice Bravo. El decreto 1600/2012 oficializó la renuncia de Beiró a partir del pasado 1 de agosto, en tanto que, el decreto 1599/2012 aprobó el traslado de Giudice Bravo, actual integrante del TOC N° 7 de la Capital Federal al TOC N° 17 de la Ciudad. Ambos decretos se encuentran rubricados con la firma de la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, y por el ministro de Justicia, Julio Alak.

Amparo colectivo contra Noticias

Las diputadas nacionales Juliana Di Tullio, Diana Conti, y María Teresa García iniciaron una acción de amparo colectivo contra Editorial Perfil S.A. con el objetivo de reparar las consecuencias agraviantes de la publicación del día 8 de septiembre de 2012 en la nota (pags. 28-33) y tapa de la revista Noticias titulada: “El goce de Cristina – Psicoanálisis de la cadena permanente”. Según consigna el texto del amparo presentado por las legisladora, y al que tuvo acceso DiarioJudicial.com, en la nota de la revista se “replican estereotipos de género degradantes hacia todas las mujeres dando a entender que las mujeres en cargos políticos se comportan de manera inadecuada a mostrarse “desenfadadas”, siendo este un comportamiento “sensual y hasta procaz”, y por lo tanto condenable”. Asimismo destacaron que “tanto en la portada como en la nota de tapa, se ejerce claramente violencia simbólica y psicológica contra todas las mujeres de acuerdo a lo establecido por la ley 26.485. El Poder Judicial debe poner coto al perjuicio, imponiendo una contundente retractación” y aclararon que “no exigimos más que eso. Que quede claro que no solicitamos censura”.

La Justicia porteña será quien investigue la supuesta "campaña sucia" contra Daniel Filmus

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que es la Justicia porteña quien debe ocuparse de la causa "Olmos, Juan Manuel y otro s/formula denuncia", en el marco de la cual se investiga la supuesta realización de actos lesivos contra el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, durante la última campaña electoral para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Máximo Tribunal, integrado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, sostuvo que los hechos debían ser investigado por la Justicia porteña porque tuvieron lugar en el marco de una campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires y habrían sido dirigidos contra un candidato de ese distrito. Los sucesos denunciados consistirían en la transmisión, mediante una aparente encuesta política vía telefónica, de información falsa o engañosa sobre la propuesta de Filmus.

El juez Armella respondió al pedido de explicaciones de la Corte

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) comunicó a la Corte Suprema, en el marco del pedido de explicaciones formulado por el Alto Tribunal, que el plan de saneamiento se cumple y avanza. El Juez Federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo de supervisar y ejecutar el saneamiento, negó, además, tener parientes en las empresas vinculadas a las obras que se realizan en la cuenca hídrica, refutando así lo afirmado en una nota periodística. El magistrado también aclaró que su cónyuge y su suegro forman parte de una empresa, pero que dicha entidad nunca firmó un convenio con ACUMAR ni con ningún organismo estatal. El pedido de explicaciones había derivado de un material periodístico en el que se relacionó a Armella con empresas encargadas, vía contratación directa, del saneamiento de la cuenca. La Corte esperará los resultados de la investigación que se le solicitó a la Auditoría General de la Nación y, luego, probablemente convocará una audiencia pública.

Nuevas indagatorias por las coimas en el Senado

Este martes comenzó una nueva ronda de indagatorias en el marco de la causa que investiga el pago de coimas a senadores de la nación para que se apruebe una Ley de flexibilización laboral durante la presidencia de Fernando De La Rúa. Remo Constanzo, ex legislador, aseguró ser víctima de un "abuso institucional de extrema gravedad", agregando a su vez que "fue una exitosa operación político-mediática", relacionando esto con la aparición del "arrepentido" ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto. En este sentido, agregó que "se leyó un anónimo en el ámbito institucional y así se legitimó como un documento público y quedó habilitado para impulsar al día siguiente un tsunami mediático".