El Colegio de Abogados de Rosario realizó una asamblea del fuero laboral donde discutieron la controvertida circular firmada por los tribunales de primera instancia sobre la ley que dispone nuevos trámites procedimentales y de formas de pago. El factor "inseguridad".
Este año la Justicia del Trabajo en Santa Fe tuvo un gran problema con respecto al caudal de trabajo que hoy está en el centro de la escena y significa uno de los reclamos fundamentales de parte de los letrados para con el fuero. Es que los datos muestran una litigiosidad enorme, la más grande del país: 164 procesos cada 10.000 empleados. Esto la ubica un 26% por encima de Córdoba, segunda en la lista. Por lo tanto, el desborde provocado por esta situación es evidente.
Por eso no tuvo buena recepción entre los abogados rosarinos el hecho de que los juzgados de primera instancia en lo laboral de esa ciudad agregaran nuevos procedimientos a los términos procesales y, además, incurrieran en una nueva forma de pago de los montos de costas, honorarios y demás cuestiones involucradas en los litigios.
Estas cuestiones motivaron a que se realizara una asamblea en el Colegio de Abogados de Rosario con los letrados del fuero en la que se informó sobre las medidas tomadas para enfrentar esta situación que generó mucho descontento entre los integrantes de la institución y los colegas independientes que asistieron al encuentro.
Asimismo, se votaron mociones acerca de la forma de proceder ante esta situación por la que, según los distintos oradores, se ve afectado el trabajo de los abogados del fuero laboral.
La idea de realizar la asamblea surgió cuando el presidente del Colegio, Ignacio Del Vecchio, se reunió con los integrantes de los juzgados que elaboraron y firmaron la circular para pedirles que la medida se suspenda por un plazo de 90 días hasta que los letrados pudieran discutir bien al respecto. Pero los magistrados se mantuvieron firmes en sus decisiones y optaron por no quitarle la vigencia a la iniciativa.
Una vez concretado el encuentro de abogados, las críticas hacia la magistratura no se hicieron esperar: se cuestionó la potestad de los jueces para tomar este tipo de decisiones, alegando que estas cuestiones deben ser debatidas en ámbitos legislativos. Alegaron que de esta forma los firmantes de la circular se apartaron de cuestiones establecidas en el Código de Procedimientos, por lo que la nueva normativa podría ser considerada “inconstitucional”.
En estos términos, se quejaron acerca de que las reglas establecidas por los jueces “atentan contra el debido y rápido cobro de los créditos laborales y en muchos casos condicionan mediante trabas burocráticas los arreglos que pudieren alcanzar las partes del litigio”.
También hicieron referencia a otra cuestión que forma parte de la agenda mediática: la inseguridad. Al respecto, se quejaron por el “riesgo de “salideras” que generará la nueva modalidad establecida para los pagos de juicios laborales al concentrarlos en una única sucursal bancaria establecida frente a los Tribunales, y en un horario reducido”.