La Asociación por los Derechos Civiles advirtió que el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, “recomendó medidas que limitan seriamente el acceso a los abortos permitidos, fundamentadas en argumentos contrarios a los derechos humanos de las mujeres”. Ello ocurrió en un dictamen realizado con respecto al hoy vigente –tras el veto a la ley del jefe de gobierno porteño- protocolo para casos de aborto no pubnible elaborado por el ex ministro de Salud, Jorge Lemus.
El reciente decreto 504 del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que vetó la Ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad y que regulaba el acceso al aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires dejó vigente la resolución 1252/2012, de principios de septiembre pasado, elaborada por el entonces ministro de Salud porteño, Jorge Lemus.
En este contexto, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sostuvo que el protocolo “estipula diversos requisitos que funcionan como barreras para el acceso a un aborto no punible”, posición jurídica que es “coherente con la postura del Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand”.
La ADC menciona un dictamen del procurador porteño de junio de este año en el que “recomendó medidas que limitan seriamente el acceso a los abortos permitidos, fundamentadas en argumentos contrarios a los derechos humanos de las mujeres”. En concreto Conte Grand “hizo recomendaciones jurídicas graves, no únicamente respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino también respecto del rol de la Corte, el sistema sanitario y el Ministerio de Salud”, consignan desde la ong.
En ese dictamen, explican desde ADC, “el procurador porteño sostiene que los fallos de la Corte no son obligatorios, y, por ello, le afirmó al ministerio que éste no tenía una obligación normativa para dictar un protocolo que se correspondiera con el fallo de la Corte; aunque si quisiera hacerlo, podría”. El texto firmado por Conte Grand sostiene: “se afirma que no existe obligación normativa para su dictado, siendo la decisión que se adopte propia de la esfera en que la Administración opera por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”.
Además, “realizó afirmaciones confusas y erradas respecto de un supuesto deber de los médicos de denunciar los abusos sexuales cuando una mujer, mayor de edad y capaz, acude al hospital solicitando un aborto bajo esta causal”, sostiene un comunicado enviado por la ong y , asu vez, “se pronunció ampliamente a favor del derecho de los profesionales médicos a la objeción de conciencia; sin referirse en ningún momento a los límites de la objeción de conciencia, al derecho de las mujeres a acceder a la práctica, ni al deber del estado de proveer el servicio . Incluso reconoció el derecho a la objeción de conciencia institucional.”
El dictamen del procurador porteño sostiene, por ejemplo, que “supuesta la modificación de la norma, conforme se propicia, es imprescindible dejar a resguardo la situación de los médicos involucrados en la eventual práctica interruptiva del embarazo, por derivar de ella la muerte de una persona”.
También, el dictamen fechado el 4 de junio pasado, y remitido al Ministerio de Salud porteño previo a la elaboración del protocolo por parte del ex ministro Lemus: “la reciente promulgación de la Ley 418 sobre Salud Reproductiva y Procreación Responsable por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obliga a los médicos a prescribir métodos anticonceptivos, entre los cuales algunos son considerados abortivos, a mujeres en edad fértil, incluyendo adolescentes, aun en desconocimiento de sus padres”.
Esto, para la ADC, representa “su desconocimiento respecto del funcionamiento de las anticonceptivos post-coitales y una postura preocupante respecto de los derechos reproductivos de las mujeres y adolescentes”.
“El procurador hizo recomendaciones concretas al protocolo, que van en dirección aobstruir el derecho de las mujeres y adolescentes a acceder a un aborto no punible . Varias fueron incorporadas a la versión definitiva del protocolo”, concluyen.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos ha demostrado su falta de compromiso con los derechos humanos de las mujeres: la Procuración General de la Ciudad dictaminó de modo de dificultar el acceso al aborto no punible, el Ministerio de Salud aprobó una Resolución que incorpora obstáculos para acceder al servicio, y la Jefatura de Gobierno vetó la ley que removía esas barreras y aseguraba la provisión de la interrupción legal del embarazo de forma adecuada y sin dilaciones, tal como fue exigido la Corte Suprema en marzo de este año”, concluyeron desde ADC.