Un camino de una sola vía

Varias horas de debate, argumentos de sindicalistas a favor y en contra, legisladores indignados, otros efusivos. La discusión por la nueva Ley de regulación de las Aseguradores de Riesgos de Trabajo (ART) termina con el final esperado y lógico: el bloque oficialista impuso su mayoría y por ello, la Cámara Baja aprobó el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo que elimina la “doble vía” de reclamo frente a los accidentes laborales, es decir, la del reclamo judicial o ante la empresa de seguros.

En líneas generales, la iniciativa establece la cancelación de las dos formas de reclamo (uno de los argumentos que más polémica suscitó entre distintos sectores políticos), pero además pone límites a las indemnizaciones: el trabajador “percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento de esa suma”.

Además, en el mismo artículo, determina que “en caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil”.

Este punto también recibió críticas, que desde un principio fueron contestadas con el artículo de la normativa que establece que los montos serán actualizados semestralmente de acorde a la variación de índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), establecido por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

Uno de los diputados que se encontró en un aprieto por este proyecto es Héctor Recalde (FpV), quien además de ser legislador se desempeña como apoderado legal de la Confederación General del Trabajo (CGT) liderada por Hugo Moyano, quien se mostró reacio a esta medida del Gobierno nacional.

Sin realizar críticas fuertes, durante el debate Recalde insistió con que debían incorporarse las sugerencias que él mismo realizó en el debate de comisiones, como “ampliar el listado de enfermedades” ya que las que no forman parte del proyecto “obligan a los trabajadores a hacer un juicio”. También opinó que la nueva Ley no representa un retroceso en los términos de los derechos laborales.

El diputado y abogado también ponderó que con esta nueva normativa se enfatiza la “participación de los trabajadores en el control de lo que sucede con la producción en los lugares de trabajo”. “Este proyecto establece un nivel de equidad para que la pequeña empresa no subsidie a la grande”, aseguró.

En un posicionamiento más ofensivo, Graciela Camaño (PJ) apuntó contra el Poder Ejecutivo y afirmó que esta medida implica “un retroceso altamente gravoso para las víctimas, porque se impide al trabajador percibir la indemnización tarifada y a la vez aspirar a la sentencia judicial, es decir una reparación justa que se le reconoce a todos los otros dañados”.

También entendió que “este proyecto acentúa la desprotección de las víctimas y contradice la doctrina constitucionalista de la Suprema Corte en materia de daños laborales”.

En tanto, Víctor de Gennaro (FAP), quien además milita en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), consideró que la iniciativa es “inconstitucional”, y para expresar su opinión, dio algunos datos: “Se mueren cuatro compañeros y compañeras por día en accidentes de trabajo; 16 en enfermedades laborales; 20 muertes por día”. “Me sorprende y me duele que no se discuta esto”, indicó.

Entre otras cosas, alegó que le “da vergüenza ajena lo que significa este guiño como si fuera bueno a las mutuas, sindicalistas o sindicatos que quieren arreglar (…). Lo único que se logra (con este proyecto) es tener uno, dos, tres, cuatro, cinco años hasta que se determine la inconstitucionalidad”.

Para defender la reforma, Mario Pais (FpV) manifestó que de esta manera se tutelan los derechos de los trabajadores. En este sentido, también afirmó que la medida busca “no discriminar a los trabajadores” para que “sean adecuadamente resarcidos”. “Tiene un sistema no excluyente. Posibilita incluso la opción de reclamar el resarcimiento por la vía civil”, precisó.

Para finalizar, expresó que “la nueva norma apunta a tomar nota de las principales objeciones del actual sistema, un sistema que nació y perduró en el tiempo con importantes objeciones de diferentes sectores”.