El organismo dirigido por Alejandra Gils Carbó creó un programa de investigación sobre violencia de género y derechos de las mujeres, el asesoramiento y asistencia técnica a las fiscalías. Los detalles de la resolución.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó mediante la resolución PGN 533/12 el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género que se ocupará, entre otras cosas, de realizar investigaciones en torno a la violencia de género y derechos de las mujeres.
Asimismo, se encargará del asesoramiento y asistencia técnica a las fiscalías sobre estas cuestiones, y la articulación intra e interinstitucional con organismos del país que se ocupan de la temática. A cargo del programa la procuradora designó a Romina Pzellinsky, e instruyó a todos los fiscales nacionales para que pongan a disposición de ella “la información general que se les solicite relacionada con los objetivos de trabajo”.
Las funciones del nuevo programa detalladas en la resolución tienen que ver con “fortalecer al Ministerio Público Fiscal en la adopción de medidas tendientes a incorporar la perspectiva de género dentro del ámbito de su competencia”; así como “relevar y sistematizar cuantitativa y cualitativamente información del Ministerio Público relacionada con la desigualdad de género, la discriminación en razón del sexo y el género y la violencia de género”.
Al mismo tiempo, deberá “efectuar un seguimiento y estudio permanente de las observaciones generales, resoluciones y disposiciones dictadas por organismos internacionales”; “contribuir a optimizar el sistema de elaboración de estadísticas” y “asesorar a las fiscalías de los diferentes fueros y brindar la colaboración necesaria para la investigación y tratamiento de casos de desigualdad, discriminación o violencia de género en todas sus modalidades”.
Otro punto destacable en el trabajo que deberá realizar este programa es el de “proyectar criterios generales de actuación que tiendan a optimizar la persecución penal y a disminuir la revictimización, en los casos de delitos que impliquen violencia de género” y contribuir con la capacitación al interior del organismo.
Entre los fundamentos para la creación del programa, Gils Carbó, resaltó que “los ideales igualitarios de la Constitución Nacional -y del derecho federal que en ese sentido se ha adoptado en su consecuencia- contrastan con el estado de cosas actual en el que la igualdad efectiva entre los géneros está aún demasiado lejos de ser una realidad”.
"A pesar de los muchos y valiosos avances logrados en tiempos recientes mediante la adopción de normas e instituciones, y la implementación de programas públicos y políticas sociales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas ha expresado sin embargo preocupaciones serias al redactar sus observaciones finales en respuesta al informe periódico que la Argentina formula en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", agregó la Procuradora.
“Las medidas que han de adoptarse no son acciones aisladas, sino, antes bien, el resultado de un compromiso que debe guiar la gestión de los asuntos propios del Ministerio Público Fiscal como responsable, junto con el Poder Judicial de la Nación, de la prestación del servicio nacional de justicia", concluyó.