El Ministerio de Justicia de Santa Fe aseveró que seguirá enviando pliegos de postulantes judiciales a la Legislatura, mientras el bloque alineado con el oficialismo presentará un proyecto para evitar que ex funcionarios gubernamentales puedan acceder al Poder Judicial. Los nombres en cuestión.
"Una persona que tiene un paso por la Administración Pública se ve enriquecido en alguna medida por ese paso. Y siempre y cuando su paso no le sirva como algún mecanismo espurio para después ingresar al Poder Judicial, no habría ningún inconveniente", alegó el ministro de Justicia santafesino Juan Lewis, a la hora de defender los pliegos enviados por el Ejecutivo provincial que fueron discutidos por la oposición en la legislatura.
Al respecto, también aclaró que los 16 postulantes enviados por el gobernador provincial, Antonio Bonfatti, surgieron a raíz de un concurso en el que el Ejecutivo no participó. El jurado, de composición plural, tenía como dos de sus integrantes a los titulares de los nuevos organismos de la renovada Justicia penal santafesina: el fiscal general Julio de Olazábal, del Ministerio Público de la Acusación, y el defensor provincial Gabriel Ganón, del Servicio Público de la Defensa Penal.
Más tarde, alegó que “ha surgido a partir de allí un clima de caza de brujas que nos llama la atención porque de un centenar de cargos por ocupar hay cuatro ex funcionarios del Ejecutivo que en su momento renunciaron a su puestos y luego ganaron el concurso con todas las de la ley, en entrevistas que están filmadas y cualquiera las puede consultar”.
En este mismo sentido, precisó que “se trata de personas no vinculadas a partidos políticos que fueron convocadas en su momento por su capacidad técnica, mientras que otros ex funcionarios y empleados del Ministerio y del gobierno concursaron y perdieron porque así lo consideró el jurado”.
A pesar de la posición defensiva de Lewis, los legisladores afines al gobierno nacional y de los demás bloques de la oposición se mostraron disconformes con la medida. Desde el Frente para la Victoria anunciaron que elaborarían un proyecto para que quienes hayan sido funcionarios del Ejecutivo no puedan acceder a la Justicia hasta después de dos años de haber dejado su cargo.
Para poner un paño frío en este asunto, Lewis aseguró que “estamos en un proceso de diálogo con la Legislatura, abiertos a propuestas que permitan profundizar y mejorar los sistemas de selección de funcionarios del Poder Judicial, pero siempre respetando las reglas de juego”.
En octubre de este año, Bonfatti realizó dos envíos a los legisladores: el primero, de Jorge Barraguirre, quien se desempeñaba como fiscal de Estado cuando Binner era el primer mandatario provincial y fue propuesto como procurador general de Santa Fe; el segundo corresponde a un grupo de 16 postulantes para fiscalías y defensorías de Rosario, en miras a actualizar la Justicia Penal de acorde a lo establecido por el nuevo régimen.
De ese grupo, cuatro eran funcionarios gubernamentales. Se trata de Carla María Cerliani (ex directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, dependiente de la Secretaría de Programas de Transformación de los Sistemas Judiciales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), Mariano Bufarini (ex director del Servicio Penitenciario), Francisco Matías Broglia (ex director de Prevención y Seguridad Comunitaria) y Gonzalo Armas (ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad).