La Corte Suprema santafesina separó de su cargo, preventivamente, al juez en lo Civil y Comercial Alejandro Martín, y al secretario del Juzgado, Ricardo Lavaca, por haber desviado presuntamente dinero de depósitos judiciales.
Todo comenzó con una denuncia del Banco Municipal de Rosario. Los empleados de la entidad financiera habían detectado movimientos que no eran comunes en cuentas cuyos saldos estaban inmovilizados. Todas las transferencias fueron registradas entre mediados de 2010 y agosto de este año, llegando a cifras millonarias.
Por este motivo, y en base a los avances que hubo en torno a la investigación, la Corte Suprema de Santa Fe decidió separar preventivamente de su cargo al titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 17 de Rosario, Alejandro Martín, y a su secretario, Ricardo Lavaca, debido a que fueron señalados como dos de los principales responsables de la presunta estafa que ahora instruye la jueza Mónica Lamperti.
A raíz de la denuncia, uno de los abogados implicados devolvió al Banco 550.000 pesos. Más tarde, los diferentes problemas suscitados llevaron al fiscal Carlos Covani a investigar si hubo irregularidades en los 56 embargos de cuentas que involucran “al menos 20 juzgados, casi todos civiles y comerciales".
"Cuando en mayo de 2010 el Banco de Santa transfirió los fondos de la cuentas judiciales al Banco Municipal de Rosario, esa información pudo haber sido manipulada por varias personas. Ese tipo de manejos se puede realizar si se tiene el dato preciso de la cuenta que está inmovilizada", explicó Covani.
"Se informó que el Juzgado Civil y Comercial de la 17ª Nominación embargaba fondos judiciales de otros juzgados y después disponía el pago de las sumas que embargaban. Como se observó que no había relación entre una cosa y otra, se inició la investigación para comprobar si esos fondos están bien embargados y bien pagados", agregó el fiscal.
Al mismo tiempo, señaló que la cantidad de dinero que se transfirió entre las cuentas es mucho, y la cifra podría ascender a un millón de pesos. También se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo una indagatoria, algo que en el caso del juez podría llegar a requerir la intervención legislativa debido a sus fueros.
Este martes, la jueza Lamperti ordenó el allanamiento del Juzgado a cargo de Martín, y según consignaron fuentes judiciales, la información recabada durante el procedimiento es de vital importancia, ya que se encontraron evidencias de importancia en torno a la causa.
Además del juez y el secretario, también se acusó a un martillero y fueron investigados algunos abogados a quienes se les depositó el dinero de las cuentas inmovilizadas.