Luego del sorpresivo fallo absolutorio del juicio de Marita Verón, la Corte Suprema emitió un comunicado para ratificar su lucha contra la trata y la Asociación de Mujeres Juezas cuestionó la sentencia. La declaración del juez tucumano Piedrabuena.
En abril de 2002 comenzó el largo trajín que llevó a Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, a recorrer varias provincias, enfrentar amenazas de muerte, desenmascarar redes de trata en las que nunca pudo encontrar a su hija. Fueron diez años de lucha compuestos por muchos episodios, algunos trágicos, otros muy positivos. Pero sin duda alguna, la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán no era lo que todos esperaban.
Los 13 imputados, llevados ante el Poder Judicial gracias al esfuerzo de Trimarco, resultaron absueltos de todos los cargos. Según los magistrados, los fundamentos darán una explicación acabada acerca de la decisión que tomaron, que según consignaron, es compleja y no se puede explicar “en unos minutos”, como afirmó Alberto Piedrabuena, integrante del Tribunal.
Además de un fuerte rechazo popular (con movilizaciones espontáneas incluidas) y críticas de diversos sectores, la decisión de librar de culpa y cargo a los acusados también generó una gran repercusión en el ámbito de la Justicia.
En primer lugar, desde la Corte Suprema afirmaron, en un breve comunicado, que “el combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión institucional muy clara y contundente de esta Corte, implementada a través de una pluralidad de medidas de concientización, y mediante la suscripción de convenios con instituciones y entidades que nos permiten aunar esfuerzos en la lucha contra ese flagelo social”.
Para finalizar, los integrantes del Máximo Tribunal nacional manifestaron que “en virtud de ello, y sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la Política de Estado referida se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito”.
En tanto, desde la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), donde las ministras de la Corte Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco forman parte, afirmaron que “como integrantes de la comunidad judicial y académica nacional e internacional, manifestamos nuestra sorpresa, tristeza y desazón ante el veredicto dictado en la causa por la desaparición de María de los Ángeles Verón”.
En ese orden de ideas, desde la Asociación aseveraron que “no bajaremos los brazos en la lucha contra este delito global, transnacional, complejo y grave, que viola elementales derechos humanos de millones de mujeres y niñas en todo el mundo, al que nuestro país no es ajeno”.
Para finalizar, desde la AMJA enfatizaron que "es nuestra obligación, como integrantes de uno de los tres Poderes de la República, velar por la vigencia irrestricta de los derechos de esas víctimas, porque estamos convencidas de que no hay paz sin justicia, no hay justicia sin verdad, y no hay verdad sin compromiso".
Hoy, después de la repercusión que inclusive llegó al plano internacional, el juez Piedrabuena declaró que “estamos tranquilos y tuvimos que hacer justicia. Yo estoy con mucha tranquilidad, porque hemos trabajado e hicimos lo que teníamos que hacer, conforme al Estado de Derecho pleno”.
Con respecto a la posibilidad de recibir un juicio político, el magistrado afirmó que "si les asiste el derecho, los ciudadanos tienen sus posibilidades de reclamar, son las reglas de juego".
Esta decisión hizo que las críticas apuntaran fuertemente al Poder Judicial tucumano. Luego de solicitar la intervención federal de la Justicia provincial (en términos más declarativos que fácticos, valga la aclaración), el abogado querellante José D’Antona acusó a los jueces de la causa por actuar con “corrupción”.
En ese orden de ideas, afirmó que pedirá el juicio político para los tres jueces de la Sala II de la Cámara Penal tucumana, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, que fueron ampliamente repudiados en redes sociales. La organización de hackers Anonymous develó datos personales de los magistrados que comenzaron a circular por Facebook y Twitter.