Diversas organizaciones como el CELS o la Comisión Provincial por la Memoria se manifestaron en contra del proyecto de Ley en la Cámara Baja bonaerense que contempla la limitación de las excarcelaciones para aquellos que hayan cometido un delito con un arma ilegal.
“La norma propuesta tiene como principal objetivo que quien porta armas de fuego de manera ilegal y no se somete al control de la policía u otras autoridades no sea excarcelado, y que mientras dure el proceso en su contra permanezca detenido”, había explicado el diputado bonaerense Iván Budassi (FpV) acerca del proyecto que limita las excarcelaciones a quienes hayan cometido un delito con un arma ilegal.
La iniciativa, elaborada por el Ejecutivo provincial, prevé controlar de esta forma el tráfico de armas según consta en los fundamentos. Pero la polémica no tardó en desatarse, ya que las críticas fueron realizadas desde varios sectores.
Pero, fundamentalmente, un grupo de organizaciones rechazó de lleno la medida. En un comunicado firmado por la Asociación de Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación Civil La Cantora, se descartan los beneficios del proyecto.
En la declaración conjunta, las organizaciones expresan que, “nuevamente, el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal. Bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales y los resultados han sido un fracaso. Ante la persistencia de los problemas, se propone una nueva ley que tampoco impactará sobre el mercado ilegal de armas ni reducirá la violencia”.
En ese orden de ideas, las avocaciones consignaron que “es falso que esta medida sea la solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego. En términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales. El propio Senado provincial, en el informe sobre el “Caso Candela”, advirtió sobre la degradación y la inserción de redes ilegales en la Policía Bonaerense”.
“Las autoridades y las distintas fuerzas políticas siguen evadiendo la responsabilidad de atacar ese mercado y romper las redes que lo sostienen. Diversos expertos en políticas de desarme han manifestado que esta iniciativa es la opuesta a la que se debería impulsar”, expresa el comunicado.
Al mismo tiempo, las ONG explican que “para dar respuesta a las graves fallas en materia de seguridad e investigación criminal, no se requiere más encarcelamiento preventivo, sino avanzar en reformas institucionales y voluntad política de atacar los verdaderos problemas. Las respuestas simbólicas de este tipo, además de alimentar la retórica, tienen un impacto muy profundo en los barrios populares, que son los que sufren la persecución y el hostigamiento policial, mientras los dueños de los negocios circulan libremente.
“En contradicción con lo que se sostiene públicamente, esta ley profundizará la lógica de trabajo policial, que redunda en detenciones ilegítimas, plantado de prueba y, en los casos más extremos, ejecuciones. Ampliar los márgenes de acción de los funcionarios policiales durante las detenciones, bajo la excusa de atacar el mercado ilegal de armas, implica legitimar las políticas de endurecimiento penal que sólo recaen sobre los jóvenes y los sectores sociales más pobres. Esto, sin dudas, implicará una grave amenaza para la vigencia de los derechos humanos en la provincia”, concluye la declaración.