Un año movidito movidito

Durante este año, diputados y senadores bonaerenses comenzaron con debates en profundidad sobre la Justicia en la provincia. Estos intercambios llevaron a que se discutan proyectos que generaron polémica y posiciones encontradas dentro del Poder Judicial, así como también hubo otras iniciativas que lograron un gran consenso. Por eso, y de cara a 2013, es importante repasar qué medidas se tomaron al respecto.

En este sentido, una de las normativas aprobadas en el ámbito legislativo que conllevó mayor debate y consenso a la vez fue la creación de la Policía Judicial, cuyo nombre también fue cambiado durante las discusiones por el de Cuerpo de Investigadores Judiciales. Después de la realización de foros en toda la provincia, donde participó la ciudadanía, se ultimaron los detalles de lo que muchos consideraba una “deuda constitucional”.

"Sus efectos en el tiempo se verán porque romperá conductas y prácticas lesivas para la demanda de justicia que tiene nuestro pueblo. Principalmente, atacará la utilización del armado de causas o la amenaza de armarlas por parte de personal policial involucrando a niños y niñas de los lugares carenciados, al extorsionarlos para que roben o delincan para ellos”, explicó el secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Alejandro Mosquera, una de las organizaciones que más fuertemente participó en el debate.

Meses antes de que se apruebe la Ley, desde la CPM habían elaborado un proyecto de su autoría que fue tomado en gran parte por el Ejecutivo bonaerense. Durante la presentación de la iniciativa, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, miembro de la organización, afirmó que "la policía funciona como una corporación, generando impunidad".

Por eso, en líneas generales la propuesta es simple: se trata de un organismo que dependerá del Poder Judicial y tendrá independencia de la Policía provincial, al entender que este vínculo es el que generó incontables denuncias y casos de gran repercusión en torno a la falta de transparencia en las investigaciones.

En otros términos se dio la discusión sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. La Justicia se mostró reticente ante una iniciativa que partió, también, del Poder Ejecutivo. La medida fue aprobada en la Cámara Alta, pero el debate sigue vigente de cara al año entrante.

“Nosotros atacamos al proyecto porque viola de manera expresa la Constitución provincial, específicamente el artículo 175, en el que los constituyentes tuvieron en cuenta que la conformación del Consejo tenía que contar con una participación equilibrada del estamentos de los colegios de abogados y magistrados y del poder político”, explicó a Diario Judicial Fernando Levene, secretario del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA).

“La creación de un Consejo de la Magistratura encargado de nombrar a los Magistrados tuvo entre sus objetivos fundamentales evitar que fuera el poder político quien llevara adelante la selección y la designación de esos funcionarios sin contar con otros estamentos balancearan sus decisiones”, consignaron desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en un comunicado.

La nueva integración será de 17 miembros distribuidos de la siguiente manera: uno en representación de la Suprema Corte de Justicia; uno por la Cámara; uno por los Jueces de Primera Instancia; uno por el Ministerio Público de la Defensa;  uno por el Ministerio Público Fiscal; seis por el Poder Ejecutivo; cuatro por el Legislativo y dos por los Colegios de Abogados.

En esta línea de proyectos polémicos también se encuentra la modificación al enjuiciamiento de magistrados, que despertó un profundo malestar entre los jueces provinciales. La normativa establece plazos más ágiles para llevar a cabo los jury, a la vez que brinda la posibilidad de apartar a los jueces denunciados preventivamente, como sucede en los regímenes aplicados en otras provincias en este respecto.

El texto de la norma también explica que “si existieren elementos probatorios suficientes que hicieran prima facie verosímiles los hechos denunciados, el Jurado por resolución fundada, previa vista al denunciado por el término de diez días, podrá disponer su apartamiento preventivo, siempre que la gravedad de los mismos tornare inconveniente su permanencia en el ejercicio de la función o ésta pudiese perjudicar o entorpecer la investigación”.

Fue precisamente este punto uno de los que más polémica generó. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Arias, afirmó a Diario Judicial que “actualmente el sistema de enjuiciamiento de magistrados tiene un gran déficit porque existen muchas irregularidades en muchos juzgados. En el foro judicial todos saben quiénes son los que actúan de manera irregular, pero esos jueces nunca son removidos ni sancionados”.

“Las iniciativas en cuestión conllevan un avance del poder político sobre la independencia de los magistrados que no puede interpretarse sino como un intento de condicionar a quienes deben controlar los actos del poder y poner límites a cualquier intento de avasallamiento sobre los derechos de los ciudadanos. (…) El único magistrado destituido recientemente en nuestra jurisdicción fue investigado y denunciado por el propio Poder Judicial”, agregó Margarita del Carmen Tropiano, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Pero no fueron las únicas medidas en torno a la magistratura. También se dio media sanción en la Cámara Baja a un proyecto que limita la posibilidad de los jueces de sancionar a peritos y abogados.

En concreto, la normativa expresa que “los tribunales colegiados y jueces podrán sancionar con prevención,  apercibimiento y multa a cualquier sujeto que participe en el proceso, exceptuando a los profesionales colegiados, que obstruyeren el curso de la justicia o que cometieren faltas contra su autoridad, dignidad o decoro en las audiencias, escritos o comunicaciones, de cualquier índole”.

Pero también hubo otras iniciativas de gran consenso, como la creación de la figura del defensor general, otra de las deudas históricas para la Justicia provincial. En este mismo sentido, poco tiempo antes se había creado la figura del defensor oficial de la Niñez y la Adolescencia.

Uno de los temas más importantes y recientes en la legislatura bonaerense fue la implementación del Juicio por Jurados. Según consigna la normativa, el jurado estará compuesto por 12 ciudadanos que serán elegidos por sorteo desde el padrón electoral. Al mismo tiempo, recibirán instrucciones de un juez que les explicará el encuadre jurídico que tengan los casos en particular. En base a eso, y al debate, deberán tomar una decisión.

Hubo opiniones a favor y en contra. “Creemos que una discusión que hay que dar es de qué manera los jurados pueden intervenir correctamente. Nosotros estamos de acuerdo con el hecho de que el imputado pueda elegir si es juzgado por un jurado o un juez regular, pero hay cuestiones como el hecho de si estos tribunales deben estar compuestos de manera mixta o personas que pertenezcan solo al lugar donde se cometió el ilícito”, cuestionó Fernando Levene, secretario del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA).

En respuesta a ello, el integrante de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, y especialista en la materia, expresó que “en definitiva es lo que reclama la Constitución, de una vez por todas hay que llevar adelante su implementación. El pretexto de que pueden existir complicaciones por la falta de entendimiento del mundo del Derecho de parte de la sociedad civil ya no puede ser utilizado de acorde a las evidencias. En Córdoba, de la noche a la mañana, se comenzó a utilizar y tuvo un éxito instantáneo”.