Con la participación del titular de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, el Senado de la provincia avanzó con el tratamiento del proyecto de Ley que prevé cambios en el sistema de enjuiciamiento de magistrados. La Red de Jueces Penales se mostró en contra de la medida.
El Ejecutivo bonaerense logró llevar a la legislatura provincia su proyecto para modificar la forma en que los magistrados son enjuiciados. Este jueves, en la última reunión de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, se discutieron algunos lineamientos de la Ley que, de continuar con el debate de esta forma, será aprobada prontamente.
De esta forma, los integrantes de la Cámara Alta avanzaron en el tratamiento de la iniciativa que cuenta con el visto bueno de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA), dado que su titular, Eduardo De Lázzari, participó del encuentro, brindado algunas opiniones sobre cómo mejorar la iniciativa.
En este sentido, el presidente del Máximo Tribunal provincial afirmó que “el Senado está preocupado por la Ley de Enjuiciamiento, tiene la política de conocer a todos los protagonistas y yo soy uno de ellos, por lo tanto vengo a transmitir mi experiencia”.
También destacó “la preocupación del Senado por este tema tan importante para la Provincia”, a la vez que destacó la importancia de los aportes que pudiera realizar al proyecto desde la experiencia de la magistratura.
Por su parte, el senador Santiago Carreras señaló que “junto a la reforma del Ministerio Público Fiscal que vendrá y la Policía Judicial que ya sancionamos, es parte del aporte que el Poder Legislativo hace para el mejor funcionamiento de la Justicia en la provincia de Buenos Aires”.
También participaron del encuentro los senadores Jorge D’Onofrio; Daniel Barrera; Alberto De Fazio; Carlos Fernández; María Esther Barrionuevo; Roberto Costa; Fabio Sorchilli y Cecilia Comerio; el secretario legislativo de la Cámara, Luis Calderaro y el secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Ulises Alberto Giménez.
Pero no todos dieron el visto bueno a la iniciativa. Desde la Red de Jueces Penales Bonaerenses consignaron que la idea está "lejos de dotar de mayor juridicidad al juicio político", y que a su vez “compromete seriamente la independencia del Poder Judicial”.
Al respecto, refirieron que el proyecto prevé "la precipitada suspensión en sus funciones de aquellos que sean denunciados, lo cual constituye una herramienta por demás peligrosa para que cualquier litigante disconforme recurra al mecanismo de la denuncia para sacar del medio de un litigio, de cualquier naturaleza, a un juez que le disgusta porque no lo favorece con sus sentencias".
Desde la Red agregaron que “con muy pocos elementos probatorios y a pesar de las escasas o nulas posibilidades de defensa del denunciado, se puede no sólo separar del conocimiento de un caso al juez predeterminado por la ley (o juez natural), sino también inhabilitarlo para el ejercicio de su cargo".
Por este motivo, los jueces penales provinciales convocaron "a colegios profesionales, universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y en general, a interesarse por estos temas centrales para la plena vigencia del estado de derecho".