Brindis con la frente sudada

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo uno de los años más ajetreados de los últimos y se pronunció sobre cuestiones muy diversas. El Máximo Tribunal  abordó temas de interés social, -como el derecho a la vivienda digna y el acceso a la información-, asuntos que generaron discusiones éticas y morales, -como el fallo sobre aborto no punible-, y cuestiones mediatizadas e, incluso, politizadas, -como la Ley de Medios, el caso Carrera y el conflicto por la transferencia del subte entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires-.

Diario Judicial repasa en esta nota algunos de los principales pronunciamientos judiciales del Máximo Tribunal de la Nación.

Grandes temas y grandes polémicas

El año judicial, inaugurado por el Presidente de la Corte –Ricardo Lorenzetti- en marzo de 2012, trajo consigo pronunciamientos del Alto Tribunal de la Nación sobre temas muy variados. Entre marzo y julio, los Ministros dictaron cinco sentencias sobre asuntos de gran repercusión: aborto no punible, derecho a la vivienda digna, Ley de Medios, el caso Carrera y la Ley de glaciares.

En marzo, la Corte Suprema dictó sentencia en el caso “F.A.L.” y clarificó la interpretación del artículo 86 del Código Penal, al sostener que la interrupción del embarazo no es punible en los casos de violación respecto de toda mujer, “con independencia de la capacidad mental de su víctima”. Además, los jueces fijaron una serie de pautas para evitar la judicialización del aborto no punible.

La sentencia del caso “F.A.L.” reavivó el debate ético, moral y jurídico en torno al aborto. Las provincias, que fueron exhortadas por el Máximo Tribunal para dictar protocolos que regulen la cuestión, tuvieron reacciones diversas ante este pronunciamiento judicial. En la actualidad, los protocolos sobre aborto no punible en caso de violación no se aplican en forma generalizada y existen acciones judiciales en diversos puntos del país para frenar su implementación.

En abril, el Alto Tribunal abordó la cuestión del derecho de acceso a una vivienda digna. Tras celebrar una audiencia pública para debatir el tema, los Ministros reconocieron el derecho de una mujer en situación de calle, con un hijo discapacitado, a acceder a una vivienda adecuada y afirmaron que “el menú de soluciones” que había brindado a la actora el Gobierno de la Ciudad “fue insuficiente para atenderla”.

Entre tanto, en mayo, el Máximo Tribunal se expidió en el marco de la polémica causa iniciada por el Grupo Clarín contra el Estado Nacional, por la sanción de la Ley de Medios. Los magistrados determinaron que la cautelar que suspendía la aplicación del artículo 161 de dicha norma para la empresa actora tenía vigencia hasta el 7 de diciembre de 2012. Más tarde, esta misma causa llegaría de nuevo ante la Corte.

En junio, la Corte abordó el planteo de Fernando Carrera, el joven acusado por las muertes de la denominada “masacre de Pompeya”, cuya inocencia había sido defendida por diversas personalidades, e incluso, planteada en una película de Piñeyro (Rati Horror Show). El Alto Tribunal revocó la sentencia condenatoria dictada contra Carrera y afirmó que “el tribunal revisor no trató de modo suficiente y acabado los argumentos planteados por la defensa”.

Luego, en el mes de julio, llegaría el turno del derecho ambiental. El Máximo Tribunal revocó las cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Glaciares, pues consideró que no eran “un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia”. Las medidas precautorias habían sido solicitadas por las mineras Barrick Gold, Exploraciones Mineras Argentinas y por la AOMA y habían sido admitidas por la Justicia Federal de San Juan.

Sin embargo, el primer semestre de 2012, también aparejó el dictado de otras sentencias relevantes. En marzo, el Máximo Tribunal rechazó el planteo de un jubilado, que pretendía que se reajuste su haber conforme las pautas de la causa “Badaro”. En esta oportunidad, los magistrados indicaron que Badaro “es un fallo aislado”, que no puede aplicarse indiscriminadamente por “carecer de valor de precedente”.

Otro fallo destacado, dictado en junio por la Corte, fue el que confirmó la sentencia que ordenó a los padres de un pequeño de casi tres años que cumplan con el plan de vacunación oficial y autorizó que se proceda a la vacunación del menor en forma compulsiva en caso de incumplimiento de los progenitores. “La actitud de los padres involucra en forma directa derechos que resultan propios del menor –el derecho a la salud-“, afirmaron los jueces, quienes tuvieron en cuenta, al pronunciarse, el “interés superior del niño”.

Después de la calma, vienen las tormentas

La segunda mitad del año, entre agosto y diciembre, la Corte comenzó su labor –tras la feria judicial- con bastante calma. Sin embargo, a medida que se acercaba el final del año, el Máximo Tribunal incrementó el dictado de sentencias sobre cuestiones de gran repercusión: inconstitucionalidad de oficio, subrogancias de magistrados, el derecho de acceso a la información, el conflicto por la transferencia del subte de Buenos Aires y, una vez más, la Ley de Medios.

En noviembre, la Corte ratificó en forma contundente la facultad de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de una norma. Si bien los magistrados ya habían abordado este tema, en esta sentencia afirmaron con gran claridad que “si se acepta la atribución judicial de control constitucional, carece de consistencia sostener que el avance sobre los dos poderes democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay”.

Entre tanto, una vez en noviembre y otra en diciembre, el Alto Tribunal se pronunció sobre cuestiones relativas a la causa del Grupo Clarín contra la Nación, por el dictado de la Ley de Medios. En un caso, exhortó al juez de grado al dictado de una sentencia definitiva –algo que finalmente sucedió- y, en una segunda oportunidad, la Corte rechazó el per saltum del Gobierno Nacional contra la sentencia de Cámara que prorrogaba la cautelar a favor de Clarín.

En el mismo mes, los Ministros también se pronunciaron sobre el derecho de acceso a la información pública. El Máximo Tribunal confirmó la sentencia que ordenó al PAMI que brinde información sobre su presupuesto publicitario a la Asociación por los Derechos Civiles. Previo a dictar sentencia, se había celebrado una audiencia pública para debatir el tema.

Además, la Corte se pronunció, también en diciembre, sobre las recusaciones “masivas” de la ANSES contra los jueces del fuero de la Seguridad Social, rechazando esta práctica del organismo previsional.

Otro fallo relevante en el último tramo del 2012, fue el que rechazó un pedido de la Asociación de Magistrados tendiente a que se les permita a los secretarios judiciales inscriptos en la matrícula federal integrar la lista de subrogantes de magistrados.

En materia de competencia, los jueces determinaron en diciembre que no correspondía a la competencia originaria de la Corte la resolución del conflicto entre Nación y CABA por la transferencia del subte de Buenos Aires y remitieron las actuaciones al Fuero Contencioso Administrativo Federal.

No obstante, otras sentencias merecen ser recordadas. En septiembre, la Corte revocó la sentencia del Tribunal Superior de Tierra del Fuego que había convalidado la destitución por juicio político del ex Gobernador Mario Jorge Colazo, por considerar que el fallo impugnado no estaba adecuadamente fundado.

Además, en octubre, todos los miembros del Alto Tribunal se excusaron de intervenir en la resolución de la causa iniciada por Antonio Boggiano –ex Ministro de la Corte- para reclamar su jubilación, con excepción del Presidente Ricardo Lorenzetti. En el mismo mes, los magistrados rechazaron una impugnación de Rosa Parrilli –la jueza que agredió verbalmente a dos empleadas públicas-, contra el fallo que confirmaba su destitución.

Noviembre se llevó de la escena al Juez Federal de Quilmes, Luis Armella, que por decisión de la Corte Suprema fue apartado de todas las causas vinculadas al saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo y sometido a una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la ejecución del plan de obras.

Finalmente, otra sentencia muy interesante –dictada en septiembre de 2012-, que ratificó la postura del Máximo Tribunal de la Nación con relación a los derechos de los menores, fue la que convalidó la adopción post mortem de un niño –y sus derechos sucesorios respecto de su madre adoptiva-, pese a que la adopción se concretó luego de que la mujer –quien tenía en guarda al pequeño- falleciera en un accidente. “Frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño”, afirmaron los Ministros.