El Ministerio Público Fiscal creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. El nuevo órgano estará conformado por fiscales y funcionarios especializados en la materia. Los detalles de la nueva dependencia en la cartera que dirige Alejandra Gils Carbó.
“La complejidad de estas causas por criminalidad económica requieren la actuación de fiscales dedicados full time a combatir este tipo de delitos”, justificó Alejandra Gils Carbó en la presentación del nuevo órgano del Ministerio Público Fiscal (MPF): la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Esta nueva dependencia del MPF estará compuesta por fiscales y especialistas en la materia, como la financiación del terrorismo y, por supuesto, el lavado de activos. También investigarán delitos como el fraude económico y bancario; mercado de capitales; delitos tributarios y contrabando; delitos contra la administración pública y concursos y quiebras.
Carlos Gonella, que actualmente se desempeña como fiscal general subrogante ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, será el encargado de dirigir la PROCELAC.
En orden a explicar los lineamientos generales de la iniciativa, Gils Carbó señaló que “la crisis financiera global que se inició en 2008 dejó al descubierto que la criminalidad económica representa una amenaza para la vida de los Estados y para hacerle frente es necesario contar con un Ministerio Público Fiscal capacitado y entrenado”.
Al mismo tiempo, explicó que “todo fenómeno de crimen organizado necesita insertar las ganancias en el circuito de la economía legítima, por eso el lavado de dinero es la punta de la madeja de toda actividad delictiva”.
En este orden de ideas, la medida viene a responder las bajas tasas de judicialización de causas relacionadas con los temas que investigará la PROCELAC. Además, el promedio de duración de estos procesos es de 14 años. Desde el MPF reconocieron que una de las principales críticas realizadas a nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es la falta de sanciones con respecto a quienes cometen estos delitos.
Desde el Ministerio destacaron que “la nueva estructura institucional apunta a revertir esta situación, generando estrategias unificadas de investigación, asesorando a los fiscales y coordinando el seguimiento de casos. Además, recibirá denuncias y realizará investigaciones preliminares respecto de hechos con fuerte impacto socioeconómico”.
“Los funcionarios que la integran podrán intervenir como fiscales coadyuvantes en los expedientes que tengan que ver con hechos de su competencia, elaborar programas de capacitación, proyectos de reformas legislativas, protocolos de actuación y convenios de cooperación con otros organismos”, explicaron desde el MPF.