La Procuración General de Santa Fe dictaminó que el juez Alejandro Martín, acusado de robar fondos de cuentas paralizadas judicialmente, debía ser ir a un jury. En tanto, el magistrado y el secretario del Juzgado siguen separados de sus cargos preventivamente.
"Cuando en mayo de 2010 el Banco de Santa transfirió los fondos de la cuentas judiciales al Banco Municipal de Rosario, esa información pudo haber sido manipulada por varias personas. Ese tipo de manejos se puede realizar si se tiene el dato preciso de la cuenta que está inmovilizada", explicó el fiscal Carlos Covani, a cargo de la investigación sobre el aún presunto robo de dinero de parte del juez santafesino Alejandro Martín.
El magistrado fue acusado de robar, en connivencia con abogados y el secretario del Juzgado, Ricardo Lavaca, más de un millón de pesos de cuentas bancarias paralizadas por procesos judiciales. Toda la situación, seguida de una denuncia, culminó con la separación preventiva de Martín y Lavaca de sus puestos, y la devolución de más de 500.000 pesos de parte de un letrado, cuyo origen es investigado en la causa.
Por estos motivos, y en miras a las pruebas que surgieron con el correr de las semanas, el procurador general santafesino, Jorge Barraguirre, dictaminó que Martín debía ser enjuiciado por un jury en orden a la presunta estafa con fondos judiciales.
A su vez, el funcionario ante la Corte Suprema de esa provincia también estimó necesario que se abra un sumario al secretario Lavaca por su relación con el caso.
En su dictamen, el procurador distinguió los grados de participación y responsabilidad entre el juez, el secretario y los abogados involucrados. Entre los puntos puestos de relieve por Barraguirre se ecuentran la generación de juicios ejecutivos falsos en orden a tramitar el embargo de cuentas judiciales en el Banco Municipal de Rosario.
Según consignó en su posicionamiento el procurador, las órdenes de pago en relación a estos trámites eran liberadas desde el Juzgado encabezado por Martín, desde donde se llevaban a cabo estas acciones desconociendo las competencias de otros juzgados.
En este sentido, la explicación del fiscal fue tomada textualmente: "Se informó que el Juzgado Civil y Comercial de la 17ª Nominación embargaba fondos judiciales de otros juzgados y después disponía el pago de las sumas que embargaban. Como se observó que no había relación entre una cosa y otra, se inició la investigación para comprobar si esos fondos están bien embargados y bien pagados".
Entre los acusados también se encuentra un martillero y abogados que también son investigados. Hace tres semanas, la jueza de instrucción Mónica Lamperti ordenó un allanamiento en el Juzgado de Martín, donde se hallaron gran parte de las pruebas que dejan en evidencia el accionar del magistrado.