En la presentación, que recayó ante el juez federal Norberto Oyarbide, Liurgo describió como “un negocio inmobiliario como favor político”, un contrato donde el estado, mediante el ONABE, cedería un predio al intendente de Moreno “quien lo pretende desde hace mucho tiempo con el aparente propósito de generar un importante negocio inmobiliario en la estación cabecera del partido que gobierna”.
Según la denuncia, “la dirección del despojo al Estado se verifica en la pérdida de terrenos que pasarían al municipio y el negocio de las rentas de los locales comerciales estaría en manos de los funcionarios de la provincia”.
El letrado aseguró la existencia de un acuerdo político al decir en la denuncia que West encabezó una movilización para manifestar en contra del gobierno de Fernando de la Rúa, el 19 y 20 de diciembre del año pasado, jornadas que terminaron con la caída del presidente.
“Según se afirma en los comentarios de los funcionarios del ONABE el mismo Eduardo Duhalde le habría dado la orden al funcionario de segunda línea que firma el injustificable convenio como pago a la tarea realizada por el intendente de Moreno quien condujo una columna de manifestantes contra el gobierno renunciante”, acusó.
El denunciante señaló que sólo una “caja política puede justificar el inicio de una usurpación del patrimonio nacional”, en referencia al contrato por el cual se le cedieron las tierras a la municipalidad de Moreno.
“Los aquí investigados estarían próximos a concretar un negocio inmobiliario con una simulada obra en beneficio de la comunidad, cuando en realidad se estaría gestando un fraude millonario, donde el estado nacional cedería por inacción un espacio en territorio federal que lo arrebataría el Municipio de Moreno”, concluyó.