Los cambios propuestos por la presidente Cristina Fernández de Kirchner generaron nuevas reacciones desde el ámbito judicial. Fuentes de la Corte Suprema aseguraron a Diario Judicial que "no les parecen mal" las iniciativas de la Casa Rosada y que "no ven una crisis" en la Justicia. La "preocupación" del Colegio de Abogados porteños sobre el "voto popular" en el Consejo de la Magistratura.
Las reformas anunciadas por la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, generaron un revuelo en el Poder Judicial y en la actividad profesional que se expresa en las diversas posiciones expresadas por estos días.
Este martes trascendieron detalles del acuerdo en el Máximo Tribunal donde no se ve con malos ojos las reformas impulsadas en el Poder Judicial desde el Ejecutivo Nacional. Por otra parte, desde Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) se expidieron este martes sobre los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura a través de un comunicado.
Según fuentes de la Corte Suprema, durante el acuerdo realizado este martes por la mañana en el Máximo Tribunal se escuchó: “No nos parecen mal las reformas ni estamos en guerra con el (Poder) Ejecutivo” y “no vamos a salir a pelear”. Sin embargo, precisaron que “ya hubo grandes transformaciones”.
“No vemos una crisis dentro del Poder Judicial” y “en el movimiento ‘Justicia Legítima’ –que reclaman los cambios- son todos amigos nuestros. Slokar (camarista de Casación Penal) viene acá casi todas las semanas y Garrigós (jueza penal) es amiga de (la ministra Carmen) Argibay”, explicó la fuente a Diario Judicial.
En concreto, con respecto a los cambios en el Consejo de la Magistratura y al intento de elección de sus integrantes mediante el voto popular, allegados de la Corte sostuvieron: “que se haga lo que el Congreso (Nacional) crea conveniente”, expresó. Aunque, esa misma fuente, explicó que “el Consejo no funciona, si le encuentran la vuelta, que lo hagan funcionar”.
Los abogados porteños tienen la palabra
Por su parte, desde el CPACF mostraron su “más profunda preocupación por las reformas que se instrumentarían en el marco del Consejo de la Magistratura” ya que “no serían conducentes para el mejoramiento del servicio de Justicia sino que, por el contrario, lo entorpecerían fatalmente; sin perjuicio que también perjudicarían a la abogacía y; violarían la letra y el espíritu de la Constitución Nacional de la República Argentina”.
Para la institución que matricula a los abogados que ejercen en la ciudad de Buenos Aires, se advierte que “la inviabilidad constitucional de la promocionada elección popular de los consejeros provenientes de los ámbitos de nuestra profesión y la judicatura, en orden a que el texto del artículo 114 de la Carta Magna es lo suficientemente claro por cuanto habla de representaciones estamentarias”.
“Es sin dudas, entonces, un equívoco el señalar que los representantes de Diputados y Senadores resultan electos por el voto popular. Muy por el contrario, la ciudadanía elige a los mismos conforme su jurisdicción electoral, la que surge de la forma Federal de Estado establecida por el artículo 1º de la Constitución Nacional, para desempeñar cargos legislativos; más nunca lo hace como Consejeros de la Magistratura”, explica un comunicado difundido por el CPACF.
Asimismo, advirtieron que “si a pesar de todo este razonamiento, resultara aprobada una ley con las características esenciales que manifestara la Señora Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa” el Colegio “planteará de inmediato una acción declarativa de inconstitucionalidad” ya que considerar “se aniquilarían disposiciones inequívocas de raigambre constitucional, y sin perjuicio de que quedarían pulverizados legítimos e inalienables derechos de la Abogacía Argentina unida en la matrícula Federal, como ya ocurriera con la reforma de la ley 26.080 que destrozó el equilibrio estamentario”.
Por otro lado, con relación a la creación de Cámaras de Casación para otros fueros además del federal penal, fuentes de la Corte Suprema destacaron que “hay que ver los proyecto en concreto”; aunque, redundaron, en líneas generales se “está de acuerdo” con las “reformas”.