En el primer Plenario del año, el cuerpo mantuvo su ya acostumbrada tensión para tratar los diversos temas que estaban en el orden del día. Entre otros asuntos, se desestimó una denuncia contra Norberto Oyarbide por la causa de las "escuchas ilegales" y se delegó en el presidente del organismo el archivo de las causas que cumplan el plazo establecido por ley.
El Consejo de la Magistratura realizó su primer Plenario del año que no estuvo exento de tensión y discusiones. La jornada comenzó con un homenaje al recientemente fallecido presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, realizado por el consejero-académico, Manuel Urriza.
Urriza se mostró sentido por la muerte del mandatario venezolano al tiempo que expresó su “afecto de profundas raíces históricas”, tras lo que propuso al Consejo que “envié a la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela el pesar del cuerpo por la pérdida del comandante Chávez”. La moción fue aprobada por unanimidad.
El primero de los temas “ríspidos” tratados este jueves fue la denuncia contra el entonces juez subrogante del juzgado Federal N° 7, Norberto Oyarbide, por parte de diez diputados nacionales encabezados por Federico Pinedo. Se trata de una denuncia realizada contra el magistrado por presuntas irregularidades en su actuación en la causa en la que se encuentra procesado el actual jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
El Plenario finalmente aprobó el dictamen 137/2012, elaborado por el consejero-senador Mario Cimadevilla, en el que se propone la desestimación de la denuncia contra el magistrado. Aunque el consejero-abogado, Alejandro Fargosi, quien presentó un dictamen para citar al magistrado, intentó postergar el tratamiento del expediente, la votación lo impidió.
Fargosi, junto con Ricardo Recondo y Daniel Ostropolsky fueron los únicos que votaron a favor del dictamen de citación. Mientras que por la desestimación de la denuncia se pronunciaron Mario Cimadevilla, Oscar Aguad, Mario Fera, Alejandro Sánchez Freytes, Hernán Ordiales, Marcelo Fuentes, Carlos Moreno, Stella Maris Córdoba, Ada Iturrez y Manuel Urriza.
El punto más álgido de la reunión se dio al momento de tratar, con los cambios al reglamento general realizados a fines del año pasado, los expedientes que cumplieron los 3 años y 4 meses. Es que al plazo de tres años que establece la Ley 24.937, se le suman los cuatro meses que establece la reforma del reglamento general, tras lo que los expedientes deben ser archivados.
En el orden del día solo figuraba que se tratarían esos expedientes aunque no constaban en el papel cuáles eran. Mario Cimadevilla fue el primero en sostener “que no se podía tratar el punto” ya que “no están individualizados los expedientes”. A ello se sumaba que se proponía, además, delegar en el presidente del cuerpo, Mario Fera, “el trámite del archivo” de las causas que cumplan con estas condiciones. Es decir la “resolución y ejecución del trámite de las actuaciones”.
Ostropolsky se sumó a las críticas sosteniendo que “hay varios casos que producto de la parálisis de la segunda mitad del año nunca fueron tratados” y agregó que en el caso Rozansky (denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional por maltrato) “”hay un dictamen de Cimadevilla que nunca fue tratado”.
“El archivo no pone fin al trámite”, replicó Ordiales; “no apruebo eso ni muerto” respondió Aguad. Tras lo que Moreno solicitó se lean los expediente que serían archivados entre los que figuran, por ejemplo, denuncias realizadas por ex consejeros como Diana Conti o Carlos Kunkel.
Los minutos de discusión se hacían cada vez más extensos hasta que Fera, visiblemente ofuscado, exploó “algunos expedientes van a cumplir cinco años”; “es una barbaridad”; “basta de excusas”. El presidente del organismo considera que el retraso en la resolución de los expedientes con denuncias a jueces significa una “presión indirecta”.
“No noto en la judicatura la misma premura”, retrucó Cimadevilla en franco contraataque a la situación de los jueces que demoran en la resolución de sus expedientes. “Tiene que pasar al archivo automático” respondió Fera con respecto a la Ley y sintetizó “lo que no está prohibido es permitido”.
Finalmente el cuerpo en dos votaciones sucesivas decidió pasar al archivo las 11 causas que estaban en condiciones se pasarse, con los 3 años y 4 meses cumplidos, y además delegar en el presidente del organismo facultades para la “resolución y ejecución del trámite de las actuaciones” en este tipo de expedientes.
Representantantes de la UEJN (Unión de Empleados Judiciales de la Nación) que se encontraban en la sala comenzaron a gritarles a los consejeros. "no hacen nada"; "si así quieren democratizar a la Justicia" gritó uno de los jóvenes.
Primera acción de amparo contra la reforma del Consejo de la Magistratura
El diputado bonaerense Mauricio D’Alessandro presentó una acción de amparo contra el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura en donde reclama una “declaración de certeza” que aclare que una modificación de la composición y forma e designación del Consejo “es violatoria de la Constitución Nacional”.
El planteo quedó radicado ante la juez en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Aylan. El proyecto “implica convalidar el avance de uno o dos de los poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) por sobre el Judicial, violando normas constitucionales”, sostiene la demanda.