Cinco integrantes del STJ chubutense se presentaran ante la Legislatura provincial para declarar por los presuntos cobros de sobresueldos y vacaciones que no les correspondían. Todo surgió con la acusación de un colega suyo en un medio local.
A fines del año pasado, el integrante de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, Alejandro Panizzi, acusó a colegas suyos de cobrar viáticos para ir a congresos en lugares donde, finalmente, se fueron con destino turístico. En este orden de ideas, declaró a medios locales que “uno a veces se traga sapos para mantener la convivencia”.
Jorge Pfleger, en orden a tratar de explicar la situación, mostró su recibo de sueldo y la utilización de viáticos personal. De esta forma, trató de zanjar un asunto que traería más complicaciones.
Más tarde, y actuando de oficio, la fiscal de Rawson, Silvia Pereira inició investigaciones al respecto, y sus conclusiones fueron no menos polémicas: las irregularidades señaladas, según el dictamen, fueron corroboradas. En esos términos, Pereira manifestó que “podría desprender una eventual infracción a previsiones de la Ley de Ética de la Función Pública”.
En estos términos, los miembros denunciados, Fernando Royer, Daniel Rebagliati Russell, Jorge Pfleger, Daniel Luis Caneo, y José Luis Pasutti, se presentaran ante la Legislatura chubutense para declarar por los hechos que se les imputan.
En un documento que presentaron ante los legisladores por este tema, los jueces precisan que lo que están haciendo “constituye un acto de transparencia republicana y que tiene como objeto dilucidar algunos conflictos desatados en el seno de este cuerpo, que han tomado estado público y merecen ser esclarecidos”.
En su explicación de los hechos, los magistrados destacaron que “los medios se han hecho eco de la denuncia efectuada por el doctor Alejandro Panizzi contra sus pares por cuestiones administrativas de manejo exclusivo de este Tribunal por imperio de disposiciones constitucionales”.
Pero, entre otras cosas, recordaron que la información constatada por la fiscal no representaba ningún delito, tal como ella misma afirmó (entendió que podía existir una “eventual infracción”).
Por este motivo, en el escrito, donde los integrantes de Máximo Tribunal provincial se determinan como “no denunciantes”, también alegan que el dictamen fiscal “en algunos párrafos desliza ambiguamente que podría existir una transgresión ética, pese a su afirmación de que carece de competencia en esa materia”.
Los magistrados afirmaron sentirse “custodios de la ética del Tribunal y por lo tanto queremos ponernos a su disposición para el esclarecimiento, compareciendo si es necesario a dar los fundamentos del caso”.