El STJ provincial decidió suspender los nombramientos de empleados del Poder Legislativo a cargo de la Cámara de Diputados provincial. La medida ya desató la polémica y los legisladores acusan a los magistrados de "entrometerse en los asuntos inherentes a su poder".
Se trata de un “serio conflicto de poderes”, como lo analizó el diputado provincial de Chubut del bloque oficialista, José Karamarko. Fue el mismo legislador que se refirió al conflicto quien precisó que desde el ámbito parlamentario se realizará un planteo ante el Superior Tribunal de Justicia ante la decisión de los vocales que lo integran de mantener en suspenso las designaciones de empleados para el Poder Legislativo, tarea a cargo de la Cámara Baja chubutense.
Nuevamente, y como ya se hubiera planteado en la vecina provincia de Río Negro con el caso del juez del STJ, Alberto Balladini, y las declaraciones del último gobernador electo, Carlos Soria, los conflictos entre poderes afloran, esta vez, en Chubut.
Es que en los autos "Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) C/Provincia del Chubut S/Demanda de Nulidad", el STJ suspendió "mientras dure la tramitación de este juicio, a partir de la notificación de la presente y hasta tanto se dicte la Sentencia Definitiva, la ejecución de la Resolución 90/11 en sus artículos 1 y 2; y en sus artículos 6 y 7 en cuanto aprueban las designaciones y reubicaciones contenidas en sus Anexos IV y V, en la medida en que afecten el interés legítímo de sus sustituidos procesales”.
A su vez, también quedó en suspensión “la ejecución de la Resolución Nº 118/2011 del 06 de octubre de 2011, esto es interrumpir la continuidad del concurso interno de antecedentes y oposición a que la misma refiere, cualquiera sea el estado de su trámite, absteniéndose la autoridad competente de propiciar la cobertura de todos los cargos a los que se convoca, así como de designar en los mismos a las personas que pudiesen haber resultado favorecidas en aquél".
La medida judicial, evidentemente, provocó el enojo de todos los legisladores quienes aseguraron al unísono, y en referencia a la opinión de Karamarko, que se trata de un conflicto de poderes, pero también, de una intromisión de la Justicia. Entre muchas posibilidades que se manejaron, una de las posibles respuestas a esta decisión judicial era, según consignaron los diputados, no acatarlas órdenes de los jueces.
“Es una cuestión bastante extraña. En esto hay cuestiones que tienen que ver con sumisiones y otras que tienen que ver con que están haciendo lobby con aquellos que están viniendo a gobernar a partir del 10 de diciembre”, señaló, con sentido malestar, el diputado Carlos Díaz, quien agregó que es claro que existe una voluntad política de las autoridades del STJ de someterse a quienes ingresarán en diciembre próximo a la legislatura chubutense.
Fundamentalmente, los diputados defendieron el proceso de concursos y selección del personal para la legislatura que ya había sido llevado a cabo, entendiendo de esta forma que “por ende la decisión judicial ha venido en abstracta dado que la notificación del acto administrativo había cumplido sus efectos”.
La resolución de los diputados indicó a su vez que “la medida cautelar fue notificada el 15 de noviembre según surge del sello de mesa de entrada, por tanto el personal se encontró en condiciones de ejercer sus cargos y la necesidad de dar continuidad”.
“El único cargo que queda en suspenso es el encargado de viviendas oficiales, pero el resto goza de legitimidad y dado la existencia de la nulidad de los actos administrativos en el sentido que deja sin efecto los nombramientos pone en suma gravedad a la institución por afectar el desarrollo a la Casa y se suma al daño a los 60 trabajadores, por lo tanto es necesario ajustarse a todo ordenamiento jurídico.”