La ONG internacional presentó su informe 2013 y destacó que en el país continúa “sin respetarse el derecho de los indígenas a la tierra” y mostró su preocupación sobre las dificultades en el acceso al aborto no punible.
La organización Amnistía Internacional difundió su informe 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y expresó varios puntos flojos con respecto a la Argentina ya que, por ejemplo, en el país continúa “sin respetarse el derecho de los indígenas a la tierra”.
En un informe de más de 350 hojas, la ong internacional destacó en el apartado sobre el país, que continúa el incumplimiento de la ley de Emergencia 26.160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas mientras no se lleve a cabo un estudio nacional para delimitar los territorios.
En este sentido dio cuenta de “las amenazas y los actos de intimidación” que sufrieron el líder de la comunidad Potae Napocna Navogoh de La Primavera, Félix Díaz, sus familiares y como otros miembros de la comunidad.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina sostuvo al respecto que “las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial.
El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado Argentino”.
Por otra parte, en cuanto al derecho al aborto no punible para las mujeres y niñas víctimas de violación o cuya vida o salud corra peligro en caso de que se lleve a término el embarazo, el informe recordó la situación que atravesó una mujer víctima de trata violada a quien se le negó un aborto en la Ciudad de Buenos Aires.
Remarcó también que son varias las provincias del país que no cuentan con Protocolos de interrupción del embarazo respetuoso de los derechos de la mujer para los casos que autoriza el Código Penal. “Hubo una indignación generalizada, y la Corte Suprema anulo la decisión del tribunal inferior. Finalmente, la mujer pudo someterse a un aborto”, dice el informe.
El texto también sostiene que, a nivel nacional, “continúa preocupando la falta de aplicación plena de la legislación aprobada en 2009 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres”. En cambio, se reconoció como “un paso importante hacia el reconocimiento de las personas transexuales” la aprobación de la ley que permite a quien lo desee cambiar su nombre y sexo en documentos oficiales sin la aprobación de un juez o un médico.
Por otra parte, el informe destaca favorablemente que se celebró que sigan los avances en las investigaciones judiciales y en las condenas a los responsables. Como ser las condenas a los ex presidentes Jorge Rafael Videla -fallecido la semana pasada- y Reynaldo Bignone, a 50 y a 15 años de cárcel, respectivamente.