La Comisión de Asuntos Constitucionales comenzó a tratar un proyecto del senador oficialista José María Roldán para intervenir el Poder Judicial de Corrientes. La polémica se suscitó en torno a su presunto mal funcionamiento, pero opositores la vinculan con una disputa política.
En la provincia de Corrientes, una persona procesada no se puede presentar a elecciones. Con ese argumento, el intendente de la capital provincial, el oficialista Carlos Espínola, quedaba afuera de la carrera por la gobernación que actualmente ocupa el radical Ricardo Colombi.
Teniendo en consideración esta cuestión, el senador Miguel Pichetto (FpV) solicitó una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que se realizó este martes y que al cierre de la edición aún no había concluido. El integrante de la Cámara Alta afirmó que “en la Justicia correntina se visualiza una clara falta de equidad de cara al proceso electoral”, y al mismo tiempo dijo que “se está preparando una suerte de proscripción de nuestro candidato a gobernador”.
En este orden, su par, José María Roldán (FpV) presentó un proyecto de intervención del Poder Judicial de Corrientes que generó muchas discusiones y conflictos entre jueces, políticos, empleados judiciales, abogados y gente del mundo del derecho en general. Las opiniones cruzadas hicieron que hasta la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS) se pronunciara al respecto.
Los integrantes de la organización que nuclea a los magistrados precisaron que la iniciativa “implicaría una gravísima afectación a las autonomías Provinciales con el consiguiente agravio a la Constitución Nacional” reafirmando “los principios de inamovilidad, imparcialidad, independencia y garantía del juez natural”.
Los motivos de la intervención son varios, según declararon quienes la quieren llevar a cabo. Criticaron la lentitud de la Justicia correntina, a la vez que realizaron señalamientos sobre muchos aspectos de su proceder. Además, Roldán denunció la “connivencia” entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial y la gobernación.
El gobernador Ricardo Colombi había manifestado que “hay que estar atentos. Dejan la puerta abierta para intervenir la provincia. Quieren avasallar la autonomía provincial y presionar a los jueces para que no avancen contra ellos”.
Por su parte, Roldán presentó en el encuentro documentación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la provincia, como las diversas presentaciones que se realizaron contra magistrados de esa provincia para llevarlos a juicio político. Elementos que sustentan el pedido del senador.
En los fundamentos de la iniciativa, Roldán destacó que “la Provincia de Corrientes no cumple con los recaudos mínimos e indispensables de asegurar la administración de justicia y con ello cumplir con el recaudo del Estado Social Democrático y Republicano de Gobierno, lo que obliga al Estado Federal a aplicar el artículo seis de la Constitución Nacional y asegurar el mandato cardinal de nuestro texto máximo”.
El senador manifestó que “la grave situación del poder judicial de la Provincia de Corrientes nos impone la obligación de solicitar este remedio para garantizar a todos los habitantes de esta provincia el cumplimiento indispensable del mandato imprescindible de un Estado de Derecho: vivir bajo el imperio de la ley, garantizar su aplicación en un marco de igualdad ante la misma”.
“El extremo llegado a límites del paroxismo nos lleva a una situación donde lejos de ser algunos jueces, más concretamente, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, la garantía efectiva de la prestación del servicio de justicia, un órgano imparcial de gobierno, se constituyo en una suerte de expresión monárquica y despótica en la prestación de un servicio indispensable para asegurar el régimen que nos constriñe el artículo uno de nuestra carta magna”, puntualizó el legislador.