Rizzo denunció defraudación en partido de fútbol | Amparo nuclear | Estatización de los ferrocarriles: una empresa concesionaria iniciará acciones legales
Denuncian arreglo en partido de fútbol
Dos socios del Club Atlético Independiente, entre los que se encuentra el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, presentaron una denuncia contra los dirigentes de Racing Club, Quilmes y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por “defraudación”. “Maniobras de estas características importan, a todas luces, actitudes defraudatorias para con nosotros los socios y simpatizantes de un club y de un deporte como el futbol”, dice la presentación realizada en la Justicia Penal este miércoles por Jorge Rizzo, presidente del CPACF, y Gastón Bevilacqua, socio del club. Ambos presentaron una denuncia por defraudación que quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 7, a cargo de Omar Peralta, (expediente 28.427/13) en la que piden que sean citados a declarar el titular de la AFA, Julio Grondona; el presidente de Racing Club, Gastón Cogorno; el de Quilmes, el senador nacional Aníbal Fernández (FpV), y Luis Zubeldía, actual técnico de Racing.
Interpusieron un amparo ambiental contra la posible radicación de una industria nuclear
Fue en la Provincia de Córdoba, allí, el Asesor Letrado de Río Tercero, Alfredo Brouwer de Koning, presentó una acción de amparo ambiental para solicitar que se declare la ineficacia de un acto administrativo, dictado por el Gobierno Municipal, por el cual se le otorgó a la química Dioxitek S.A. un certificado de prefactibilidad del uso del suelo, para la posible instalación de una planta de esa firma.El letrado consideró que, por las carácterísticas de la empresa, la misma "responde al tipo de industria y actividad cuya radicación y funcionamiento se encuentra prohibidas en el territorio de la jurisdicción municipal".
ALL iniciará acciones judiciales
La empresa brasileña América Latina Logística (ALL) decidió iniciar acciones legales contra el Estado argentino tras la estatización del ramal que tenía bajo su concesión, que unía las ciudasdes de Buenos Aires y Mendoza y las fronteras con Brasil y Paraguay. Entre sus agravios, los miembros de la compañía alegaron que si bien estos ramales solo representaban un 6.5% de sus ingresos líquidos durante el año pasado, se les exigía un "foco desproporcional" de administración. En tanto, el informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN) indicaba que ALL adeudaba al Estado argentino el 70% del cánon que debía abonar por la concesión, en un monto equivalente a más de 237 millones de pesos, a la vez que se ejecutó menos de un 10% del plan de inversiones. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, había advertido ya: "Si quieren reclamar que vayan a la vía judicial. No cumplieron con los objetivos propuestos. Aquellos que no cumplen se tienen que ir".