04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

A) VOLVER.

 
Así como en el canal que proyecta por cable películas y programas de la Argentina de décadas pasadas, en las que uno observa situaciones que cree revivir, el mundo de tribunales ya empieza a reconocer la vuelta de aquellos temas que regresan de la mano de la inflación. Desde ajuste de salarios –el clásico tema de los jueces, a los que se les deben reajustar los haberes por la cláusula de intangibilidad de las remuneraciones garantizada por la constitución-, pasando por las actualizaciones de deudas –con la novedosa versión del Hamlet de Shakespeare, “cer o no cer”- y todo el stock de conflictos que se sucedieron a pleno en la década de los 80, ya están protagonizando nuestro “volver a vivir”. Uno de los problemas que la gente ya está sintiendo intensamente en su bolsillo es la cuestión de la indexación de las cuotas en los planes de ahorro previo: la empresa Renault, para su Plan Rombo, aumentó un 118% su cuota para acceder a un modelo Twingo, pero allí la Inspección General de Justicia –uno de los pocos organismos estatales que aún conserva prestigio-, siempre encuentra soluciones para que la gente no pierda sus ahorros y quede desamparada. Muestra de esa política son las duras sanciones que aplica permanentemente a las automotrices por las transgresiones a las cláusulas de los contratos de suscripción, que lamentablemente siguen siendo larguísimos, con letra microscópica y poco entendibles para la gente común.

B) ANTECEDENTE. Se puede encontrar en la historia legislativa reciente sobre el tan meneado efecto de “impunidad” que generaría la derogación de la ley de “Subversión Económica”. Es que no hay que ser tan memorioso para recordar que ante la sanción de la nueva ley penal tributaria, 24.769, se generó entre los especialistas en la materia una discusión similar. Por ese entonces –época del ministro Jassán- uno de los artículos de esa ley establecía la derogación de la ley 23.771, hasta ese momento la ley penal tributaria original. Hubo muchos planteos en los tribunales, incluso uno en el expediente que impulsa la DGI contra Alberto Samid –al igual que en la causa de las armas, después de varios años de tramitar en federal termina en penal económico- que pretendía las mieles del archivo por haber cesado la vigencia de la ley por la que estaba siendo juzgado el empresario cárnico. Los jueces en todas las oportunidades establecieron que no podían despenalizarse los hechos que motivaron los procesamientos, porque las figuras en cuestión, si bien cambiaban su ubicación en las leyes especiales, no habían sido eliminadas en su contenido antijurídico. Por eso en las causas en que hay procesados por delitos de subversión económica, las imputaciones ahora podrían calificarse como de administración fraudulenta, que en los hechos es lo mismo, pero con la diferencia de poderse acceder a los beneficios de la excención de prisión y excarcelación y de que la competencia ya no recaerá necesariamente en los tribunales federales.

C) AUSTERIDAD. Ya se siente fuerte en la justicia. Son numerosos los gastos y contratos que tanto en el Poder Judicial como en la Procuración y en la Defensoría General están sufriendo podas de consideración, ya siendo historia también, la tradición de que se cobraba el primer día hábil de cada mes. Ni que hablar de los insumos para impresoras y de informática en general, terreno donde se había avanzado bastante, y recibir todos los días el Boletín Oficial, que ya sólo es recuerdo –la versión disponible en internet es bastante incómoda para leer y la conectividad de tribunales todavía está lejos de una velocidad suficiente, además de que todos dicen conectarse a la misma hora de la mañana-. Pero lo llamativo de este ajuste es que está en serio riesgo el funcionamiento del sistema penal, ya que un reciente comunicado del Servicio Central de Alcaidías -Ministerio de Justicia de la Nación- alerta sobre las dificultades que atravesará el juzgamiento de detenidos, ya que comenzó a “restringir los movimientos de internos a los diferentes juzgados de la Capital Federal, provincia de Buenos Aires y de Unidad a Unidad”, en una decisión que “obedece a razones económicas” debido a la provisión de sólo la mitad del combustible necesario para efectuar los traslados. Justo en momentos en que la sociedad reclama una respuesta contra el delito, los jueces ahora van a tener que esperar que el Servicio Penitenciario Federal tenga un poquito de gasoil para poder condenar a los delincuentes.

D) HOMENAJE. Es el que una importante editorial, a través de una obra de próxima aparición, le está preparando al reconocido maestro Germán Bidart Campos, quien a pesar de su veteranía está viviendo actualmente uno de los momentos de mayor trajín profesional. Coordinada por el ascendente camarista sanjuanino Victor Bazán, actualmente culminando sus posgrados en España, la edición contará con la participación de prestigiosos profesores tanto nacionales como del exterior, ansiosos por rendir su homenaje al jurista. Es que con la moda de las “inconstitucionalidades”, impuesta por la secuencia de normas que desde los últimos gobiernos se impulsa para frenar el desastre inevitable de nuestra economía- corralito, antigoteo y tapón- la figura de Bidart Campos fue centro de convocatoria de cuanto seminario se produjo a lo largo del país para escuchar su palabra sobre tan actuales temas. También fue integrante de la lista ganadora de las recientes elecciones en el Colegio Público de Abogados, donde traccionó gran cantidad de votos a favor del flamante presidente Hugo Germano, en una elección que se presentaba a priori como más reñida que de costumbre, con la dupla Rivera-Bacqué en el otro rincón. Muchos votaron a la lista oficialista por respeto al “maestro” recordando viejas horas pasadas en los pupitres de la Universidad de Buenos Aires años ha.

E) IMPLACABLE. Así se proyecta la figura del nuevo integrante de la Auditoria General de la Nación, Javier Fernández. De trayectoria judicial –se desempeñó varios años en la Corte Suprema- y con experiencia en el Ejecutivo, el novel auditor fue protagonista por estos días a raíz del supuesto “affaire” del megacanje. Es que la grave acusación que lanzaron los fiscales Freiler y Delgado contra Domingo Cavallo y Carlos Marx – y que ahora pone en un brete al juez Jorge “Pati” Ballestero, con Lilita Carrió respirándole en la nuca para que procese al ex superministro- reconoce sustento argumental en el durísimo dictamen que produjo con su firma. Muchos atribuyen esa inflexibilidad a su sangre asturiana, que algunos integrantes de la Auditoría ya están padeciendo: apenas asumió, “levantó en peso” a numerosos funcionarios y asesores que al parecer tenían durmiendo expedientes que pronto recobraron la vida. Incluso una reciente disputa con un conocido fiscal federal que lo tenía en la mira y le había provocado cierto escozor, terminó con un pedido de acercamiento del propio acusador público. Ni que hablar de los plenarios de auditores -a veces se juegan decisiones sobre cuestiones de extrema importancia- donde sus posiciones suenan cada vez más rudas, contrastando con otras que se presentan con mayor delicadeza.



alejandro s. williams / dju
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